Opinión.- A PROPÓSITO | Inmigración haitiana en República Dominicana.

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La inmigración de personas desde el occidente de nuestra isla hacia el territorio que ocupa la República Dominicana, se remonta al mismo origen de ambos pueblos. Cuando no existía la República de Haití, pero tampoco la República Dominicana. Cuando tan solo eran cinco cacicazgos distribuidos en toda la isla, y llegaron a tierras ajenas, unos exploradores vestidos de descubridores.

Por: Arq. Efren Garrido /New York, marzo 13 de 2018

A partir de ahí comenzó el trasiego humano y de mercaderías con el fin de tomar posesión de mayor espacio territorial y por ende dominar y controlar los movimientos sociales y económicos de la que llamaron a partir de ese momento como La Hispaniola.

Los indígenas fueron exterminados por esta vorágine humana que encontró en nuestro territorio, lo que no tenía en su lugar de origen. No se saciaron nunca, hasta el punto que exterminados los nativos casi en su totalidad, deciden contratar a esclavos africanos para obligarles a trabajar para ellos. Nótese que de fuera vinieron y arrasaron con todo imponiendo su propia Ley. Para ese momento el cruce de blancos e indígenas estaba dado, había surgido el mestizaje. En 1697 un acuerdo entre España y Francia divide la isla en dos países. La lucha entre estas dos naciones europeas llegó al extremo de dividir territorio ajeno.

Pasaron los siglos hasta que surge la república vecina el primero de enero de 1801, liberándose de Francia y más tarde el lado oriental de la isla en 1821 inicia su separación del lado occidental, donde fuimos a parar a raíz de nuestra primera separación de España el primero de diciembre de 1801. Salimos de España pero caímos en los brazos haitianos por unos largos 22 años. Nace la independencia efímera del doctor José Núñez de Cáceres. Para 1844 se logra la verdadera independencia con el esfuerzo de hombres de la talla de Duarte, Sánchez y Mella, entre otros. Pero años más tarde hubo de restaurarse la misma en 1865 con el gran Gregorio Luperón a la cabeza. A Sangre y fuego en el siglo XIX se luchó con ardor por lograr una independencia, el fortalecimiento de la dominicanidad y el surgimiento de valores patrios que enarbolasen nuestra identidad como país ante el mundo.

Para el siglo XX, en sus inicios, las constantes rebatiñas entre grupos políticos, hicieron que ese sentir patriótico fuera cayendo a niveles de irrespeto, al aceptar en campos cañeros de la incipiente economía de producción de azúcar de caña, a ciudadanos del vecino Haití que venían a trabajar. Después de surgida la Masacre de 1937 y sentarse ambas naciones en la mesa para firmar y llegar a un acuerdo bilateral, en el que se definían ciertos puntos y la misma caerse debido a que el gobierno haitiano no cumplió lo pactado y decidió convocar a Estados Unidos, Cuba y México para que sirviesen de intermediarios entre ambos países, finalmente se firma el 31 de enero de 1938 el Acuerdo de Washington. Para el 19 de febrero de 1938, este Acuerdo de Washington fue convertido en Ley por el Congreso Nacional dominicano.

¿Pero en qué consistía este acuerdo? Entre otros puntos, en el mismo cada Estado se comprometía a evitar la penetración irregular de sus nacionales en el territorio del Estado vecino (Art. 10), sin hallarse provisto de documentos de identidad y del correspondiente permiso o visado del Estado vecino. También, que cada Estado debe repatriar a los nacionales que se encuentren en el territorio del otro Estado, en violación a las leyes o que fueren declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo y que cada Estado se comprometía a someter a la justicia a cualquier nacional que, habiendo cometido un delito en el territorio del otro Estado, se refugie en el territorio patrio. Este acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional de Haití el 21 de enero de 1938. Y la Ley No. 199, que aprueba el Modus Operandi con la República de Haití.- G. O. No. 5395, del 20 de diciembre de 1939, fue el corolario para dejar establecidos claramente la forma de conducir el Acuerdo de Washington. Algo muy importante a destacar es que ambas naciones se comprometían, también, a dotar a sus ciudadanos de documentos de identificación.

La no observación de este Acuerdo a lo largo de décadas, fue creando una especie de beneplacencia de parte de ciudadanos haitianos que entraban y salían de territorio dominicano sin el menor esfuerzo. Miles de ciudadanos haitianos emigraron hacia territorio dominicano para trabajar en labores agrícolas, principalmente en el corte de la caña de azúcar. El protocolo para el manejo de esto lo tenía claro el Acuerdo de Washington y el Modus Operandi del mismo, hasta que se evacúa la sentencia 168-13 por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en donde aclara cuáles son las condiciones para ser ciudadano de la República Dominicana y de qué forma se puede ser residente legal en el país.

Para nadie es un secreto que hasta este momento, miles de ciudadanos haitianos habían obtenido documentación falsa mediante declaraciones tardías de nacimiento y la falsificación de documentaciones. En este momento se pone el punto de inicio a la organización de algo que a pesar de estar basado en un Acuerdo de Washington, ninguno de los dos Estados, habían observado rígidamente en cumplir con el pasar de los años. Por un lado una república haitiana que ha vivido los últimos ochenta años sumergida en una vorágine soez de incontrolables consecuencias para sus ciudadanos, en donde al ser la cenicienta de las repúblicas pobres del mundo, no tan solo de América, la obtención de documentación legal, cada día le es más y más difícil a sus ciudadanos.

Por otra parte, la caída de una tiranía trujillista y la posterior convulsa etapa de indefiniciones de autoridades hasta 1966, con el consiguiente gobierno balaguerista de 22 años y doce años del PRD, fueron acumulando ese gigantesco mal de falta de soluciones tangibles a esta realidad social de miles de ciudadanos haitianos, que al abrigo de la Constitución de su propio país, son ciudadanos suyos, no importando el lugar donde nacieres, y la clara verdad jurídica que reza que nadie puede adquirir legalidad partiendo de una ilegalidad. Es la propia Constitución proclamada por el entonces presidente dominicano Dr. Leonel Fernández, en fecha 26 de enero del año 2010, que retoma el tema de la nacionalidad y combina la misma tanto con el jus solis como con el jus sanguinis.

A partir del actual gobierno presidido por un miembro del PLD, y con la Sentencia del Tribunal Constitucional a cuestas, es que se ha buscado una solución escrita, clara y precisa sobre la inmigración extranjera a nuestro país, principalmente, la haitiana, que sin hacer mayores esfuerzos que cruzar la frontera dominicano-haitiana, penetran a territorio nacional cuando les plazca y sin documentación alguna. Esta Sentencia 168-13 motivó una amnistía para que todas las personas extranjeras puedan someterse al escrutinio de las autoridades para obtener la nacionalidad dominicana o adquirir la residencia legal permanente en el país.

El escollo a esto nace, con todo y el esfuerzo de las autoridades al ampliar varias veces los plazos, al no tener documentación legal los ciudadanos extranjeros, principalmente los de Haití. Los puntos acordados en este sentido en el Acuerdo firmado en Washington se fueron al viento y nunca se dotó de documentación proba y precisa a los ciudadanos de ese país. Sin documentación de su lugar de origen para demostrar su procedencia, es difícil documentar a un ciudadano del mundo, no importa del país que venga. Ante esta situación, los esfuerzos hechos para organizar este desorden de décadas, se han visto torpedeados por distintos flancos, con el propósito malsano de pescar en rio revuelto, en vez de procurar una solución positiva a la constante evacuación de ciudadanos al mundo de parte de Haití, a quienes no dota de ningún tipo de documentación.

Ya de antemano sabemos que la estadía en el país de los braceros haitianos que eran contratados para las labores agrícolas, era fundamentalmente hecha por periodos precisos de tiempo. No como residencia permanente. Al estos violar el periodo de estadía en el país, entraban en la ilegalidad, condición que le es clara a la hora de buscar una legalidad. Con todas las precariedades puestas a prueba por parte de quienes no podían ubicar documentaciones, y basados en esfuerzos, cientos de miles de ciudadanos extranjeros adquirieron, unos la nacionalidad dominicana, y otros la residencia legal permanente en nuestro territorio.

Pienso que ahora debemos pasar al control migratorio estricto y a la exigencia del cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos entre ambas naciones bajo el concurso de países que ahora tratan de hacernos naufragar en nuestros intentos de organizar el aspecto migratorio en nuestro país. Organizar esto es bajar las tensiones que cada día más se dan entre nuestro país y otras naciones del mundo por este tipo de situaciones. Abrir nuestras fronteras más de lo que han estado abiertas en las últimas ocho décadas es decir sin decir, fusionemos a ambas naciones sin la necesidad de documentar tal hecho. Estas últimas actuaciones están al día a día en nuestro territorio, vamos a ver de qué son capaces nuestras autoridades.

Veamos si pisaran el esfuerzo de tantas luchas patrióticas, por el simple hecho de no imponer lo que con derecho nos corresponde como Estado con derecho a definir su política migratoria de la forma que la crea correcta y apegada a los Derechos Humanos.