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25 mil inmigrantes renuncian a recibir cupones de alimentos en Nueva York

El miedo a perder el estatus migratorio por ser una «carga pública» parece la causa detrás de la renuncia a recibir la ayuda.

Internacionales / Bávaro Digital.

Rosa Vallesteros es una paraguaya que desde hace 22 años reside en Nueva York, el camino hacia su legalización “no fue nada fácil”, confiesa. Desde septiembre de 2018, todos los días se levantaba con la esperanza de recibir su cita para la entrevista de ciudadanía. Una mañana, una noticia alteró su tranquilidad. Escuchó por televisión una medida anunciada por el gobierno de Trump que pretendía limitar el ajuste de estatus migratorio a las personas que habían recibido ayudas sociales, por un cambio en el reglamento de carga pública.

“Lloré mucho. Eran años de espera. Fue difícil obtener mi residencia. Por un buen tiempo, yo había recibido varios beneficios de la Ciudad, especialmente cuando estuve sin trabajar. Cuando me tocó renovar el plan de cupones de alimentos, preferí apretarme el cinturón, antes de perder mi opción de ser ciudadana”, comentó la inmigrante residente en Brooklyn.

El pasado mes de abril Vallesteros se juramentó como ciudadana de Estados Unidos, aunque vivió por meses una pesadilla al asumir- por falsas noticias y rumores- que era una de las 24 millones de personas, que de acuerdo a su percepción, “serían castigadas por ser pobres”, ante las revisiones anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Es precisamente la historia de angustia y limitaciones que vivió esta inmigrante, lo que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de Nueva York quiere evitar, tras analizar algunas tendencias que dan cuenta que 25 mil inmigrantes elegibles para recibir el beneficio de cupones de alimentos (SNAP) han abandonado el programa en los últimos dos años.

En los cinco condados se ha reducido a un ritmo alarmante el número de inmigrantes que aún cumpliendo con todos los requisitos para optar por este beneficio han optado por no inscribirse o abandonarlo”, señaló Grace Bonilla, gerente de la Administración de Recursos Humanos (HRH) de la Ciudad.

En la presentación del informe de estas tendencias, dadas a conocer por el Departamento de Servicios Sociales (DSS) y la Oficina de Asuntos Migratorios (MOIA) de la Alcaldía de Nueva York, se detalló que la comunidad de inmigrantes hispanos se constituye como el segundo grupo de residentes elegibles para este beneficio de alimentación, después de los asiáticos, que han optado por renunciar a los cupones.

Además, se comprueba que en el 2018, el 10.9% de los neoyorquinos elegibles que no son ciudadanos renunciaron a los beneficios, a un ritmo mucho más rápido que los ciudadanos neoyorquinos estadounidenses que sumaron el 2.8%.

¿Por qué?

Las autoridades de la Ciudad hicieron énfasis en que, aunque en el último año la disminución en la cifra de solicitantes del programa social se ha ampliado casi 4 veces en el grupo de no ciudadanos, no se puede comprobar de manera definitiva qué motiva esta tendencia.

Que este comportamiento tenga que ver con el miedo generado por los anuncios de revisión de los reglamentos de carga pública, por parte del gobierno federal, es solo una hipótesis no comprobada.

“Se puede identificar una correlación importante que, reforzada por anécdotas y encuestas, por lo menos sugiere que familias inmigrantes elegibles para recibir cupones de alimentos están evitando hacerlo por el miedo a las posibles consecuencias en sus trámites migratorios”, subraya el informe.

Sonia Lin de la Oficina del Alcalde para Asuntos Migratorios (MOIA) agregó que los anuncios de la administración federal sobre carga pública “son muy confusos y en su definición es un ataque a las familias pobres y de clase media”.

“No hay razones para el miedo”

Por su parte, Nina Mc Dermott, gerente de la línea telefónica de abogados de Catholic Charities, una organización clave para la orientación a las personas que desean conocer cómo los beneficios públicos pueden afectar su situación migratoria, reiteró que “no hay razones para el miedo”.

“Tenemos la información correcta para cada caso. Es un servicio anónimo que ofrece las herramientas para hacer lo adecuado. Buscar la información legal, con verdaderos profesionales, es la vía para que quienes califiquen para beneficios sociales puedan optar por ellos sin el temor de que podrían afectar su permanencia legal en el país”, comentó Dermott.

Ante esta tendencia, que tiene efectos importantes en la economía neoyorquina, la meta que se han trazado las autoridades locales es exhortar a las comunidades a que busquen asesorías adecuadas a través de los servicios legales gratuitos y confiables que están disponibles.

“Queremos que las personas que van a nuestras oficinas u optan por medios electrónicos, tengan la información adecuada, para que sepan de mano de profesionales si optar por un beneficio va a tener un impacto en su estatus migratorio, pues existen muchos rumores inciertos. Las reglas para optar a este programa no han cambiado”, destacó Grace Bonilla de HRH.

El objeto del temor

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció desde inicios de 2018 cambios en la definición de carga pública, lo cual alteraría la forma en que los funcionarios de la agencia federal “seleccionan” a los solicitantes de ajuste migratorio y determinan su inadmisibilidad, debido al riesgo que puedan convertirse en una carga pública para el gobierno.

La revisión de los comentarios de la nueva disposición que recibió una avalancha de demandas y críticas terminó el pasado 10 de diciembre.

Sin embargo, el nuevo reglamento sobre “carga pública” no ha sido avalado y no se conoce de una fecha para que entre en funcionamiento.

La Administración Trump se ha planteado, de acuerdo al reglamento inicial, limitar a inmigrantes de bajos recursos que reciben uno o más tipos de ayuda pública, incluyendo cupones de comida, subsidios de la “sección 8” del programa de vivienda, cobertura bajo “Medicaid”, y cobertura de medicinas bajo la “parte D” del sistema de “Medicare”.

El reglamento establece rangos salariales para determinar si una persona es “autosuficiente” y no dependerá de la ayuda del gobierno para su sustento.

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Fuente: El DiarioNY