Al menos siete personas fueron testigos claves para la ejecución de la Operación Calamar, al ofrecer declaraciones importantes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que sirvieron de soporte para solicitar orden de allanamiento contra los ex ministros, funcionarios y abogados que fueron detenidos la madrugada del domingo.
El testimonio de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, permitió probar cómo operaba la estructura, en sus tres niveles., además, el interrogatorio a José Arturo Ureña, sirvió para evidenciar cómo operaba la estructura de corrupción, según el Ministerio Público.
Asimismo, el testimonio e interrogatorio de Bolívar Antonio Ventura, comprobó que la estructura de corrupción era, liderada por los investigados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, los cuales utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura para distraer cientos de millones de pesos del patrimonio público, a los fines de financiar la campaña política del investigado Gonzalo Castillo, de acuerdo a la PGR.
La solicitud de orden de allanamiento establece que el testimonio e interrogatorio de Francisco Pagán, probó cómo se orquestó toda esta estructura de corrupción y como fue operativizada la misma, así también demuestra el mecanismo utilizado para entregar parte del dinero.
Así también, el testimonio e interrogatorio de Frixo Medina Arvelo, con el que se comprobó cómo funcionaba la estructura
que operaba desde el Ministerio de Hacienda para recibir pagos ilegales de los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas, según MP.
Mientras que el testimonio e interrogatorio de José Melchor González Calderón, evidenció cómo funcionaban los pagos ilícitos a la estructura para recibir los cobros ilegales realizados por los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas.
De acuerdo al MP, el testimonio e interrogatorio de José Pablo Ortiz, probó cómo funcionaban los cobros ilícitos a la estructura para recibir los cobros ilegales realizados por los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas
tragamonedas y como él se encargaba de la parte operativa de la recogida de estos recursos que recogían en efectivo y que en un mes llegaron a cobrar hasta más de treinta millones de pesos en efectivo (RD$ 30,000 000.00).
El MP informó que el entramado de corrupción desmontado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
