Higüey, La Altagracia.- El Concejo de Regidores del municipio de Higüey emitió una enérgica advertencia al director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez ‘Manolito’ tras su anuncio de romper unilateralmente el acuerdo institucional de distribución equitativa de arbitrios, conocido como el pacto 50-50.
Durante una rueda de prensa llevada acabo este martes, los regidores calificaron la decisión de Ramírez como una violación al convenio firmado en 2013, que establece una distribución equitativa del 50% de los ingresos por arbitrios generados en la zona turística entre Verón-Punta Cana y el Ayuntamiento de Higüey.
El alcalde Ramírez justificó su decisión amparándose en la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, la cual otorga autonomía en materia de planificación urbana a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes. Según Ramírez, Verón-Punta Cana, con una población que supera los 150,000 residentes, cumple con los requisitos legales para gestionar de forma autónoma el uso del suelo dentro de su jurisdicción.
El Concejo de Regidores de Higüey advirtió que la ruptura del acuerdo podría tener consecuencias legales y administrativas, y llamó al diálogo para resolver las diferencias. Asimismo, instaron a las autoridades competentes a intervenir en el conflicto para garantizar el cumplimiento de los acuerdos institucionales y evitar afectaciones a la población.
La ruptura del pacto 50-50 se produce en medio de un debate sobre la propuesta de elevar a Verón-Punta Cana a la categoría de municipio, iniciativa que ha generado tensiones entre ambas demarcaciones. Mientras sectores de Verón-Punta Cana argumentan que la zona genera recursos suficientes para sostener su propia administración, autoridades de Higüey advierten que la separación podría afectar hasta el 40% del presupuesto municipal, impactando directamente en la ejecución de obras y servicios comunitarios.
Se espera que en los próximos días se intensifiquen las negociaciones entre ambas partes para buscar una solución que permita mantener la estabilidad institucional y garantizar el desarrollo equitativo de la región.
