Denuncia Abogado del Estado y PN destruyen la caseta de vigilancia una propiedad privada

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PUNTA CANA.- La Asociación de Propietarios de Terrenos Turísticos de Cabo Engaño, denunció que pese a tener los documentos que acreditan la titularidad de los terrenos y las autorizaciones necesarias para cerrar el acceso a sus propiedades, el Abogado del Estado y fuerzas Policiales destruyeron las instalaciones creadas para controlar el acceso  a sus propiedades.

Explica que este sistema de control para proteger las propiedades en Cabeza de Toro tiene permisos aprobados en el 2019, pero la oficina del Abogado del Estado del Este, con asiento en El Seibo, utilizó una orden contra la caseta de guardia, emitida en el 2018, ya caduca.

La oficina del Abogado del Estado del Este emitió el 21 de octubre pasado la resolución 184-220 ordenando eliminar ese control, pero los propietarios presentaron un recurso jerárquico contra esa decisión, que fue notificado al Abogado del Estado, al Procurador Fiscal de Higüey, a la Dirección Regional de la Policía Nacional y a los departamentos de esa institución en Higüey y Verón, a fin de que no otorgaran la fuerza pública para ese caso.

La asociación denuncia que a pesar de esas previsiones y de que era imperioso esperar la decisión sobre el recurso jerárquico de la Procuraduría General de la República, el Abogado del Estado obtuvo el apoyo de la fuerza pública y junto con una turba de desconocidos y un tractor destruyó las instalaciones citadas,

Explica que es falso, el alegato de que se está eliminando los controles de acceso a la playa, porque los vigilantes de la propiedad nunca  impidieron el acceso a la playa de Cabeza de Toro, que siempre ha esado libre para el disfrute de las personas.

Asegura que la caseta y el retén destruido, controlaba el ingreso de vehículos a una propiedad privada protegida por la ley,  en la que se programa un desarrollo turístico.

Se trata, dice la Asociación,  de una parcela legalmente saneada hace más de 30 años, que ha sido afectada por ocupaciones ilegales que durante más de una década retardaron desarrollo turístico de una de las mejores zonas de Punta Cana aun disponible, propiedad de siete empresas.

Los abogados de la asociación explicaron que los ocupantes ilegales se han valido de maniobras de todo tipo, a veces con apoyo de autoridades inescrupulosas, para mantener reclamos sin fundamentos.

Citaron como ejemplo, el caso de una persona que reclamaba la propiedad de terrenos titulados porque la parte que supuestamente le correspondía en la parcela se la había comido el mar; otro caso parecido con un título sin respaldo hecho en el gabinete de un agrimensor, que tenía una parte importante dentro del mar, y otro de un ocupante que no tenía ningún documento con que amparar un reclamo de cientos de millones de pesos para abandonar el lugar.

Relató como el caso más singular, el de un ocupante que tenía una destartalada caseta, que fue desalojado, después de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia; y muchos meses después de ejecutada la decisión, otro tribunal mando a detener el desalojo basando su decisión en que a pesar del derecho de propiedad había que proteger a 22 niños que vivían en ese lugar que siempre ha estado deshabitado.

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