Higüey, La Altagracia.– Crece la inquietud entre autoridades locales, sectores comunitarios y representantes de la sociedad civil de Higüey frente a la iniciativa legislativa que propone convertir a Verón-Punta Cana en un municipio independiente. Diversas voces del municipio advierten que esta medida podría tener consecuencias negativas sobre las finanzas y la estabilidad institucional de la ciudad.
El proyecto, impulsado por el senador Rafael Barón Duluc ‘Cholitín’, plantea la separación administrativa del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, zona que actualmente representa una parte fundamental de los ingresos que percibe el Ayuntamiento de Higüey. De acuerdo con estimaciones municipales, alrededor del 40 % del presupuesto anual proviene de los arbitrios e impuestos generados por la actividad económica en esa área turística.
Ante esta situación, líderes locales han comenzado a movilizarse para frenar el avance de la propuesta en el Congreso Nacional. Como parte de estas acciones, se ha convocado una audiencia pública para el próximo jueves 29 de mayo a las 10:30 a.m. en las instalaciones de la Universidad Católica Del Este (UCADE), con el objetivo de presentar argumentos y escuchar las preocupaciones de la población.
Karina Aristy, alcaldesa de Higüey, ha manifestado su desacuerdo con la posible municipalización de Verón, señalando que pondría en riesgo los servicios esenciales y la ejecución de obras en el municipio cabecera. «Lo que se pretende hacer con nuestro municipio es inaceptable», declaró Aristy.
El regidor Jefferson Castillo también ha elevado su voz, proponiendo como alternativa la formación de una mancomunidad entre ambas localidades. Esta figura permitiría compartir recursos, coordinar el desarrollo urbano y mantener un vínculo administrativo sin necesidad de una separación total.
El senador Duluc, sin embargo, defiende su propuesta al sostener que Verón-Punta Cana ha superado los criterios legales y demográficos necesarios para convertirse en municipio, destacando su peso económico como argumento clave. Además, ha recomendado que, en caso de aprobarse la ley, el Gobierno central garantice algún tipo de compensación para Higüey, a fin de suavizar el impacto financiero.
Mientras el Congreso analiza el proyecto, las tensiones entre ambas localidades se intensifican, y el debate promete continuar en las próximas semanas, especialmente si se mantiene el calendario de audiencias y consultas públicas en la provincia.
