Los procesos de contrataciones entre el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y las empresa Mia Cargo Group y Tahití, S.A desarrollados bajo un “tipo de modalidad ilegal”, según la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y por el cual es investigado el organismo de correo y su director Adán Peguero, tienen más de 12 años de vigencia.
La firma del primer acuerdo irregular entre Modesto Guzmán, exdirector del Inposdom, y la empresa Inversiones Tahití, S.A se remonta al 13 de noviembre del año 2008, de acuerdo con un comunicado de prensa de Contrataciones Públicas en el que se revelan detalles de un informe de investigación entregado este lunes al presidente Luis Abinader.
Señalan que la nueva administración, encabezada por Peguero firmó un contrato que propició “nuevas violaciones al debido proceso legal”, agregándole nuevos actores, como en el caso del señor Jesús Solé, lo que para la DGCP y la DIGEIG permiten establecer que dicho proceso de contratación se realizó al margen de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones y que tampoco se trataba de un procedimiento de alianza público-privada.
Asimismo, establecieron que con su accionar el actual incumbete del Inposdom “han dado continuidad a una mala práctica institucional” al no encontrarse registro en el Portal Transaccional de ningún proceso de selección de proveedores, en ninguna de las modalidades del Sistema Nacional de Compras Públicas realizado por la unidad de compras del Instituto Postal asociado a alguna contratación con la empresa Mía Cargo.
Otro recurso al que hace referencia el informe es al el documento de fecha 6 de septiembre de 2017, emitido por la DGCP, en el que el órgano señala a Guzmán las “varias irregularidades”, entre las que figuran, la selección irregular en la que había incurrido el Inposdom, al no haber realizado el proceso de selección establecido por la Ley 340-06.
A raíz de los vicios e ilegalidades en el proceso, la DGCP, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la DIGEIG, recomendaron la destitución del director general de Inposdom y su consultor jurídico por haber incurrido en “faltas graves”.
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