Cuatro imputaciones penales acumula Donald Trump, pero hay una, la que lo acusa de capo mafioso por intentar alterar el resultado electoral de 2020 en el estado de Georgia, que complica de verdad las posibilidades del expresidente estadounidense (2017-2021) de librarse de la cárcel.
Esta última acusación llegó prácticamente en la medianoche del lunes y no solo es la más fácil de demostrar, sino que no le permitiría indultarse a sí mismo de llegar de nuevo al poder tras las elecciones de 2024, en las que aspira a ser el candidato republicano que se enfrente al demócrata Joe Biden.
La Constitución estadounidense no permite que un presidente no puede perdonarse en una acusación estatal.
Trump estaba ya imputado en Washington D.C. por intentar revertir los resultados electorales de 2020; en Florida por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca al acabar su mandato y en Nueva York por un supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels para comprar durante la campaña electoral de 2016 su silencio sobre su affaire.
En el estado de Nueva York solo podría indultarle el gobernador, actualmente demócrata, mientras que en Georgia está opción no es viable.
Los nuevos cargos «son más preocupantes» ya que «se meten de lleno en lo que la gente trabajando para él hizo para socavar y revertir los resultados de Georgia, que fueron muy importantes para el desenlace» de las presidenciales, añade a EFE Grant Reeher, director del Instituto Campbell de Asuntos Públicos y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Siracusa.
Trump perdió en Georgia por menos de 12.000 votos contra Biden. La llamada que hizo en enero de 2021 al secretario de Estado estatal, Brad Raffensperger, para presionarle para encontrar los votos suficientes para revertir el resultado de los comicios allí, algo a lo que el funcionario se negó, originó la investigación que lo ha vuelto a llevar ante los tribunales.
Los 13 cargos que ha recibido en Georgia incluyen el de violación de la ley estatal contra el crimen organizado y el de conspiración para suplantar a un funcionario y para presentar documentos falsos. Junto a él fueron imputadas otras 18 personas, entre ellas su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete Mark Meadows.
La acusación de conspiración, según subraya a EFE la profesora del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, Susan Low Bloch, experta en Derecho Constitucional, «generalmente se usa para la mafia», y «acusar a un expresidente de actuar como un jefe de la mafia es bastante sorprendente e impactante».
La llamada Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés), utilizada en esta ocasión, ha permitido condenar en el pasado a jefes mafiosos como John Gotti, al evitar que esos capos escaparan a la justicia al no haber cometido los delitos supuestamente ordenados a otros.
Si Trump llegara a ser condenado en Florida y Washington antes de las elecciones de 2024 y ganara esos comicios podría intentar indultarse, y si esos procesos federales todavía no estuvieran cerrados podría maniobrar para que su Departamento de Justicia los desestimara, pero ese poder no se extiende al caso de Georgia, que es estatal.
«No tendría forma de cerrar esta investigación o un juicio. Y no podía ser perdonado», recalca a EFE Mark C. Smith, profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad de Cedarville (Ohio).
En Georgia, en su opinión, los cargos «realmente reúnen todo lo que sucedió en torno a las elecciones de 2020»: está acusado de «liderar un movimiento que tenía una intención criminal, y fue un movimiento grande y complicado».
Fuente: EFE
