Por Ángel Fernández
Pensar o creer que todos los comunicadores ejercen la comunicación social con el propósito de servir a los mejores intereses de la sociedad, para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, es una utopía.
A través de la historia comunicacional de la República Dominicana hemos tenido excelentes periodistas y comunicadores comprometidos con el ejercicio de un periodismo ético y profesional, convirtiéndose en verdaderos paradigmas del honor, la decencia y la profesionalidad.
Se puede afirmar que en nuestro país se ejerce una comunicación informativa oportuna, actualizada, instantánea, y veraz en ocasiones.
Hay también ejemplos de reputados comentaristas y analistas noticiosos que son dignos de ser leídos y escuchados, pero en los últimos tiempos, posiblemente debido al deterioro moral que afecta a nuestra sociedad, los medios de comunicación han sido invadidos por individuos carentes de valores humanos, éticos y profesionales, cuya única presencia en la radio, televisión y medios sociales, es con el interés de chantajear, difamar, insultar o hacer apologías y alabanzas de políticos, funcionarios, empresarios y grupos corporativos, para conseguir dinero alquilando su voz y su pluma al mejor postor.
La situación se puede observar en cualquier ciudad o provincia del país, pero en el caso particular de Higüey, provincia La Altagracia, el asunto es más grave cuando se ve a una cáfila de mercenarios, oportunistas y trepadores, que estaban al servicio del pasado gobierno o de la anterior gestión municipal, y hoy esos mismos les sirven al gobierno de turno y a las autoridades municipales actuales.
Son unos perfectos camaleones que cambian de color, dependiendo de las circunstancias y sus intereses particulares.
Esos programeros y mercenarios de la comunicación procuran nombramientos en oficinas de relaciones públicas de instituciones estatales, anuncios para sus “programas de radio o televisión”, dinero por las entrevistas que realizan, invitación a cenas para ir a lamber, tickets para combustible, boletos aéreos para viajar a Estados Unidos o Europa y todo tipo de prebendas.
Esos buscamoros de la comunicación son lambones, adulones y guaremates de oficio, que actúan sin el más mínimo pudor, porque piden y reciben dinero públicamente.
El descaro y la desfachatez es su modo de vida, queriendo aparentar una condición profesional que no poseen porque su vil conducta los pone en evidencia.
En la actualidad la comunicación en la provincia La Altagracia sufre una crisis sin precedentes, la información tendenciada e interesada es lo que se ofrece a la ciudadanía, salvo honrosas excepciones.
Desde el mismo momento en que un comunicador recibe dinero de un político o funcionario corrupto para que diga una información tergiversada o deje de decir la verdad, se convierte en servil mercenario y en un peligro para la sociedad.
La población tiene que saber en quien creer y no dejarse manipular por vulgares negociantes de la comunicación.
El derecho a la información y el derecho de la libertad de expresión son facultades fundamentales que no pueden ser conculcadas por plumíferos y vocingleros al servicio de sectores políticos y corporativos, habida cuenta de que es de justicia vivir en una sociedad libre, democrática e informada de manera veraz, objetiva, precisa y oportuna.
No todo está perdido, hay comunicadores y periodistas, aunque pocos, que son serios, profesionales, responsables y con un gran compromiso social.
Rechacemos a los liliputienses de la comunicación.
Porque como dijo José Martí, “No hay un gigante más poderoso que un periodista honesto”.
