Opinión.- LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL MP.

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Por: Eduard Caraballo

La gran revolución francesa del siglo XVIII, herencia del Iluminismo, trajo consigo la figura del Ministerio Público como hoy en día se le conoce; alejándose cada vez más, de sus primeros orígenes inquisitorios o Juicio De La Inquisición y acercándose a los de la ordenanza del 25/3/1302 del rey Felipe el Hermoso.

Según Claus Roxin existen tres razones que dieron origen a la creación del MP, estas son las siguientes: 1-. El medio decisivo para la abolición del proceso inquisitivo antiguo. 2-. Custodiar la Ley. 3-. Tener control de la policía (o la investigación).

Con la creación del Consejo Nacional De La Magistratura en 1994, se creó la idea de empezar con una judicatura imparcial o jueces imparciales, que dejara atrás los intereses particulares y políticos y que llevara consigo la bandera de la justicia colectiva en beneficio de la verdad; El decreto presidencial Núm. 514-02 que crea la Escuela Nacional De Ministerio Publico, quien luego en 2007 paso a formar parte de la comunidad internacional o (RECAMPI) y que desde luego en el 2010 se constitucionaliza esta escuela, lo que posteriormente creo la ley 133-11 o ley Orgánica Del Ministerio Publico, y con este último se creara el binomio perfecto de justicia en nuestro país, dejando atrás todo lo que se creía con relación a la justicia y edificar una nueva ola de pensamiento con acerca del poder judicial.

Desde el sistema universal de protección a los derechos humanos, las Directrices sobre la función de los fiscales, aprobadas en 1990 durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, contienen lineamientos destinados a garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, y sin estar sujetos a intimidación e injerencias indebidas. Asimismo, las Directrices subrayan que los fiscales deben “respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”.

La ley 133-11 tiene dos artículos que deben ser discutidos a profundidad por todos los actores de la sociedad dominicana, son el art. 2- del PRINCIPIO DE AUTONOMÍA y el art. 17- del PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.

La falta de autonomía y profesionalización de las agencias encargadas de investigar y perseguir los delitos pueden ser parte de las causas estructurales de la impunidad en los países de América Latina, ya que obstruye un proceso de investigación integral, exhaustivo y oportuno. La autonomía es un elemento clave en las instituciones de procuración de justicia para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios.

En este sentido, la autonomía de los fiscales resulta clave para: i) Garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas (especialmente cuando los delitos constituyen a su vez graves violaciones de derechos humanos), ii) Respetar los derechos del imputado en el proceso penal (especialmente, su derecho a la presunción de inocencia), y iii) El cumplimiento del deber estatal de investigar, perseguir y sancionar los delitos y las violaciones a derechos humanos. La autonomía de los fiscales y las fiscalías es un derecho humano y una condición para el correcto funcionamiento del sistema de justicia, por lo cual, es necesario que los Estados la recojan y plasmen de manera expresa en las normas internas que crean, organizan y regulan la actuación de la Fiscalía General, tanto a nivel constitucional, como a nivel legal y reglamentario; esto en alusión al estudio titulado Estándares Internacionales Sobre Autonomía e Independencia de los Fiscales y Las Fiscalías en un Estado de Derecho.

Estos dos principios tienen guardado un concepto que les llevaría a la población dominicana un alto grado de crecimiento social, por que respondería única y de forma exclusiva a los intereses de la sociedad, en su más amplia acepción; no hay animo de dejar atrás el borrón y cuenta nueva, lo que ha faltado es dejar que el organismo de investigación haga su cometido de forma responsable sin que en nuestro país el poder político tenga la necesidad de flanquear las acciones del MP, y dejarse de ver nada mas que un títere al lado de los intereses del poder de turno. Es una bella oportunidad que le brinda la sociedad actual al gobierno para que ejecute una política criminal efectiva, en donde el MP pueda y deba actuar ajustado a los principios de autonomía e independencia. Lo agradecerá la sociedad actual y la venidera, y así empezaremos a crecer como país y poder tener una nación libre de injerencia estatal.

Los avances de las sociedades modernas van estableciendo nuevas pautas y principios que contribuyen a consolidar las bases de unas democracias efectivas en la medida en que asientan las instituciones encargadas de garantizar el conjunto de los derechos ciudadanos. Y estamos muy preclaros de que la constitucionalización del MP al rango de Autonomía e Independencia daríamos un paso agigantado, mas allá del simple artículo 173 de la Constitución, pero estaríamos creando un vació en el organigrama estatal, ya que abandonaríamos la representación del gobierno en su relaciones con el poder judicial, la creación de mas autonomía e independencia hasta el grado constitucional, estaría creando sin muchas palabras, un cuarto poder en el estado a juicios del autor; este tema no es propio de la República Dominicana, son muchos los países que se encuentran en discusión con relación a la participación del MP en la sociedades, pero de algo si debemos estar seguro, y es que mas autonomía e independencia sería lo más necesario.

De acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas más de 63.4% de los dominicanos simpatizaba por un partido político en el año 2012, estos números nos brinda una idea bastante meridiana del alto porcentaje de ciudadanos que sentimos por una organización política; lo que implica que en mi país todos los órganos estatales están repletos de ciudadanos que forman parte del partido de gobierno o de los de oposición. ¿Acaso es suficiente que esta ley traiga consigo los mencionados artículos o el pueblo dominicano exija mediante clamor popular la implementación de la autonomía o independencia del MP?
Dar respuesta a esta cuestión, ya sea afirmativa o negativa, no basta, por que entraría en conflicto con intereses colectivos o particulares de forma inmediata. Es bien sabido por todos que un completo combo de actores judiciales imparciales, llámese Jueces Y Fiscales con criterio propio, sería lo más conveniente para el pueblo dominicano, esto en franco provecho del Estado Social Y Democrático De Derecho; pero lamentablemente tenemos y vivimos con poderes estatales completamente politizado que corresponden a los diferentes colores partidarios.

Hemos escuchado en las últimas semanas antes de las elecciones extraordinarias del 5/7/2020 la implementación de un MP autónomo e independiente, que busque sin cesar los responsable, sobre todo de aquellos funcionarios que hayan abultado su peculio personal en franca violación a las leyes que sancionan por los diferentes dispositivos legales todas las acciones en contra de erario público, y que se empiece a crear la cultura de CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

EL MP Y LOS POLÍTICOS.

Ya sea rebuscado en la literatura mundial o mediante corto metrajes, series de tv y cuentos populares, todos sabemos algo de las estructuras mafiosa que reino en la Italia del siglo XX; en 1990 se implemento la des-centralización del MP en este país, y con ella se trajo el papel activo del fiscal independiente.

Pasado los años fueron muchos los políticos y otros delincuentes que cayeron en los ojos de la investigación de estos fiscales que tenían todo su radio de acción en provecho de la investigación en curso. No hubo ningún poder del estado italiano que no haya podido ver la rostro de estos funcionarios, que sediento de justicia sentaran a todo aquellos, que con ánimo de lucrarse, rompieran los cánones legales que organizaban la estructura social italiana.

El paso del tiempo le brindo a estos fiscales la oportunidad de desplazar los tradicionales políticos que reinaban en el espacio electoral de aquel entonces; fueron estos los nuevos políticos que a partir de aquellos tiempos tomaron la rienda de las administraciones gubernamentales y le brindaron a la vieja sociedad italiana un rostro nuevo que creo otra sociedad italiana.

¿Acaso está dispuesta la clase política dominicana a ser desplazado por fiscales que hagan bien su trabajo? ¿Acaso están dispuesto los fiscales a hacer bien su trabajo mirando mas allá de sus intereses personales? ¿Acaso están dispuestos los fiscales a hacer investigaciones en contra de sus corrientes políticas?
Estas son solo tres preguntas, yo se que usted lector tiene mas, pero de algo si estoy seguro, y es de que las preguntas son más interesantes que la respuesta, y cuando tengamos las respuestas a estas preguntas; entonces nos cambiaran las preguntas.

Con la creación de estos organismos rectores de principios que rigen el comportamiento de jueces y fiscales, hemos avanzado bastante en materia judicial, aunque podemos seguir avanzando si aplicamos mejor los criterios que rigen la materia, de la misma forma que otros países al que nuestra escuela nacional del ministerio publico dominicano pertenece, Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI-07) a menos que ellos entiendan mas que nosotros, y que sepan llevar al banquillo de los acusados a presidentes y ministros sin importarles su filiación familiar o partidaria. De lo que si estoy seguro, es que por falta de una política judicial y criminal efectiva, tenemos cada día que lidiar con alto grado de descrédito en la imparcialidad de los que tienen la investigación a cargo. Es por ello que ha subido el porcentaje de linchamiento en nuestro país, puesto que asumen tomar la justicia por sus propias manos.

Twitter: eduardcaraball0

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