El jurista destacó que el AIB recibió de las pasadas autoridades las autorizaciones para la construcción, pero con el cambio de gobierno y las influencias del Grupo Punta Cana, instituciones del Estado se retractaron y crearon un conflicto del cual el presidente Abinader está distante.
Bávaro, La Altagracia.- El abogado del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), Luis Miguel Pereyra, ofreció eminentes declaraciones sobre las trabas que a su juicio ha interpuesto el Grupo Punta Cana y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), impidiendo la construcción de una nueva terminal aeroportuaria.
Consideró además que, el presidente Luis Abinader debería buscar un entendimiento entre las partes en conflicto de las empresas representadas por Abraham Hazoury (Grupo Abrisa) y Frank Rainieri (Grupo Punta Cana).
El jurista destacó el derecho a la libre empresa y a la competencia, el cual ha sido violentado por el Grupo Punta Cana queriendo sostener un monopolio, el cual considera que no es sostenible y que está ”prohibido de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución”.
”No hay ninguna razón jurídica, ninguna razón medioambiental; no hay ninguna razón de seguridad nacional para que no se permita otro aeropuerto. Lo que sí hay son los intereses de un grupo económico que ha estado solo, que tiene sus méritos también porque llegaron primero y han contribuido al desarrollo de esa área”, describió Pereyra.
El aeropuerto de Bávaro recibió de las pasadas autoridades las autorizaciones correspondientes para su construcción; incluso Flavio Darío Espinal, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, junto a un equipo, realizó ”un reporte de 46 páginas, excelente desde el punto de vista jurídico, con un estudio sobre el estatuto jurídico de los aeropuertos en este país, y sobre todo los que están bajo operatividad privada”, luego el IDAC y la Comisión Aeroportuaria lo consideraron un proyecto técnicamente viable, explicó el abogado.
Sin embargo, el IDAC ”en este gobierno tenemos que estar claros que por lo menos el IDAC, porque no podemos de ninguna manera generalizar, ha actuado desbordada en sus atribuciones en violación a la ley y abiertamente parcializada a favor de un grupo”, dijo Pereyra.
”El IDAC actuó no solamente mal, el IDAC se excedió. El IDAC está en el terreno de la ilegalidad; y la actual cabeza del IDAC olvida que los funcionarios públicos son responsables personalmente por sus actos”, agregó el jurista.
Pereyra resaltó, además, que el proceso de estudio jurídico que se hizo en la aprobación del aeropuerto de Bávaro no se había hecho en el país con ningún aeropuerto, el AIB está exactamente siguiendo los precedentes de lo que había pasado con otros aeropuertos privado.
El actual gobierno y el sector turismo tienen ”que pensar en el país y en qué conviene más: un solo aeropuerto o dos”
El experto en Ciencias Jurídicas detalló que hay que pensar en las bondades de otro aeropuerto.
”Creación de empleo, posibilidades de que vengan más vuelos, otras líneas, otros taxistas; restaurantes, todo el servicio de rampa, todo el ecosistema que se desarrolle en términos de negocios alrededor de un aeropuerto. Eso va a favorecer a la zona de Bávaro que está a 24 km de donde está el otro aeropuerto. ¿Por qué hay que evitar eso?”, reflexionó.
No obstante, Pereyra señaló que Miches es una zona que está en desarrollo ”interesantísimo”, y que el nuevo aeropuerto también podría ser para esa zona, así como para El Macao, Uvero Alto y demás, insistiendo en que ”hay una diferencia, una distancia de aproximadamente 24 km entre el aeropuerto existente y el aeropuerto que se va a construir”.
Los estudios demuestran que el turista normalmente escoge aeropuertos cercanos al lugar donde va a visitar. En el caso del Aeropuerto de Bávaro, está auspiciado por un grupo empresarial conocido, de éxito y de una trayectoria interesante en el país.
Grupo Punta Cana ha actuado de manera soberbia y clandestina en su monopolio
Pereyra manifestó que fue por el Listín Diario que se enteraron de las decisiones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que desaprueban la construcción del AIB. ”Ellos (GPC) impugnaron ante el TSA ese acto. Nunca esa decisión del MOPC, se nos fueron notificada y el proceso lo llevaron clandestinamente en violación al debido proceso y allí pasó”, externó.
No obstante, el AIB interpuso un recurso de tercería. ”Yo tengo derecho a ser oído, a defenderme, eso es parte del as de derecho que compone el debido proceso”, señaló Pereyra, manifestando que nunca había visto tal acción en otro proceso.
El descartó un abuso de posición dominante ”porque solo hay uno, él es todo (Rainieri). No hay más nadie compitiendo con él, es un monopolio”, pero insistió en que ”los monopolios no se sostienen”.
Pereyra dijo que el Grupo Punta Cana está ”creándole de manera ilegal una barrera de entrada a un competidor y ese es precisamente el AIB representado por Hazoury y el Grupo Abrisa”.
Agregó que eso se presenta ”porque hay un pastel importante de lo que es el sector turismo en el Este. Ellos están en una situación privilegiada, todo el tráfico les llega y ese tiene que ser un negocio redondo total”.
Sin embargo, insiste en que el presidente Abinader ha estado distante. ”Él dirá que es un tema técnico y que se encargue el IDAC para no meterse en confrontaciones”, expresó Pereyra, pero ostentó al ejecutivo a ”tratar de explorar de cómo resolver de manera razonable para ambos lados”.
