Higüey, La Altagracia.- Un lío de «recoge y vámonos» se ha desatado en la provincia La Altagracia con el empoderamiento de los distritos en el cobro de sus impuestos.
Ha trascendido que tanto el Distrito Municipal Turístico de Verón-Punta Cana como el Distrito Municipal de La Otra Banda han estado sacando a los inspectores de Higüey de sus territorios, justificados por la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de suelo y Asentamientos Humanos que, según se entiende, le permite a estos distritos crear una oficina de Planeamiento Urbano para el cobro por uso de suelo, construcciones y actividades industriales, fabriles y comerciales dentro de estos distritos.
Sin embargo, a Higüey no le ha caído nada bien la puesta en ejecución de esta ley, ya que deja a ese municipio sin autoridad y sin facultad para el cobro de los mencionados arbitrios y, por ende, restándole esos ingresos.
Ayer se conoció que el Ayuntamiento de Higüey, encabezado por su alcalde Rafael Barón Duluc ‘Cholitín’, envió una advertencia al Ayuntamiento de Verón-Punta Cana que está representado por Ramón Ramírez ‘Manolito’, que en caso de abrir la oficina de Planeamiento Urbano, »iniciaremos procesos para suspender la ejecución, apertura, y los futuros cobros ilegales».
Higüey manifiesta que dicha Ley de Ordenamiento Territorial aún no ha entrado en plena ejecución, sin embargo, en diciembre del 2022 el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó esta ley luego de que fuera aprobada en el Senado y ordenó publicarla en Gaceta Oficial para su conocimiento y ejecución.
Entonces, ¿Quién tiene la razón?
Esta historia continuará…..