Santo Domingo. – Los ministros de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, y de la Presidencia, Joel Santos, encabezaron la primera reunión del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria, donde se presentaron los primeros avances obtenidos, tras la emisión del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites por el presidente Luis Abinader.
En el encuentro, el viceministro de Reforma y Modernización del Ministerio de Administración Pública (MAP), Gregorio Montero, explicó a los presentes los avances alcanzados, entre los cuales, indicó que se han realizado unas seis jornadas de capacitación y análisis de capacidades internas celebradas con participación de 73 instituciones priorizadas; y la formación de servidores de cinco instituciones reguladoras, a través del curso intensivo de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además de la elaboración del diseño conceptual del Registro Único de Mejora Regulatoria; concitar el apoyo técnico para la construcción del portal, en coordinación con mesa técnica del Programa Burocracia Cero.
También, se logró el diseño y mejora continua de las herramientas de mejora regulatoria, para fines de análisis de Calidad Regulatoria, de Impacto Regulatorio y Agenda o Planificación Regulatoria.Por igual, se han hecho intercambios con países vecinos que adoptan las denominadas “Buenas Prácticas Regulatorias (BPR)” y se registró un avance en el diálogo con organismos internacionales, como el Banco Mundial y el CAF, en procura de apoyo para la implementación de la Ley núm. 167-21.
Al término de la reunión, Santos manifestó que “esto es un verdadero legado de esta administración y debemos darle ese cuidado”.
En el encuentro también participaron María Elena Vásquez, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA); Laura Del Castillo, directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y representantes de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo; Hacienda e Industria Comercio y Mipymes; además de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Se recuerda que el reglamento regula de manera más detallada los procesos para el dictado de normas regulatorias por parte de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo.Dentro de sus novedades se destaca la configuración y desarrollo del análisis de impacto regulatorio, lo cual permitirá evaluar los efectos positivos o negativos que puedan producir las normas, no solo antes de su eventual entrada en vigencia, sino también durante su aplicación.Además, el reglamento configura el proceso de consulta pública, el cual venía rigiéndose por el Decreto 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, las propuestas de regulaciones económicas y sociales significativas serán sometidas a un proceso de consulta pública de 45 días hábiles, mientras que las demás se regirán por un plazo de 20 días hábiles.
El reglamento fue producto de un trabajo conjunto del MAP, en su calidad de órgano de supervisión y coordinación de la mejora regulatoria y simplificación de trámites, y de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
La mejora regulatoria es uno de los ejes que conforman el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública (PGRMAP), aprobado mediante el decreto 149-21.
