Ha transcurrido un año desde el asesinato a tiros del presidente haitiano Jovenel Moïse por hombres armados que entraron en su residencia en Puerto Príncipe y apenas hay certezas sobre la planificación, financiación y ejecución del magnicidio, que ha exacerbó la crisis que vive el país desde hace décadas.
Si bien la mayoría de los autores materiales, más de veinte sicarios colombianos que llegaron en los días previos al país han sido detenidos, el autor intelectual sigue siendo un enigma.
Tanto la familia de Moïse como el primer ministro, Ariel Henry, han solicitado ayuda de las Naciones Unidas en la investigación del magnicidio, que sigue en punto muerto a pesar de las detenciones, allanamientos, incautaciones y demás acciones llevadas a cabo en relación con el caso.
Causa de su asesinato
Meses antes de su muerte, Moïse había denunciado en una entrevista a El País que poderosos grupos empresariales querían terminar con él. El diario The New New York Times señala que en los meses previos a su asesinato, tomó una serie de medidas que no gustaron a sus enemigos.
El diario neoyorquino revela también que, entre mayo y junio, el mandatario recibió una llamada de la DEA alertando del uso desmedido que se estaba haciendo de una pista clandestina en el norte del país para el aterrizaje de avionetas. Cuando Moïse se enteró de las entregas ordenó su destrucción, pero las autoridades locales se negaron a hacerlo. Pocas semanas después fue asesinado en su habitación.
El Gobierno de Jovenel estudiaba nacionalizar un puerto marítimo que sospechaba era la vía de entrada para mercancía de contrabando, había ordenado destruir una pista clandestina de aterrizaje utilizada por avionetas procedentes de Venezuela y Colombia y estaba investigando el lucrativo comercio de anguilas, que había sido identificado como un mecanismo para el blanqueo de capitales.
DECENAS DE DETENIDOS
Las autoridades haitianas han arrestado a más de 40 personas por su supuesta implicación en el magnicidio, entre ellos 18 exmilitares colombianos acusados de integrar el comando que irrumpió en la residencia del mandatario para acabar con su vida, y que permanecen en prisión desde entonces sin las mínimas garantías procesales.
Otros tres colombianos fueron abatidos por la Policía haitiana en las horas posteriores al magnicidio, mientras que algunos implicados permanecen prófugos.
También está entre los arrestados el supuesto autor intelectual del magnicidio, el médico Emmanuel Sanon.
Además, hay tres presuntos implicados en el asesinato que están en manos de la justicia estadounidense, el primero de ellos el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, de 43 años, que llegó a EE.UU. voluntariamente tras su detención en una escala aérea en Panamá.
También viajó a EE.UU. por voluntad propia el ciudadano haitiano nacionalizado chileno Rodolphe Jaar, de 49 años, detenido en enero en República Dominicana.
El tercero es el exsenador haitiano John Joel Joseph, de 51 años, extraditado desde Jamaica y acusado de conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y de brindar apoyo material a la conspiración con resultado de muerte.
Además, en Turquía fue detenido en noviembre el empresario Samir Handal, quien sigue en ese país y que también está señalado como partícipe en la conspiración para matar a Moïse.
Entre los primeros detenidos tras el magnicidio había varios miembros de las fuerzas de seguridad haitianas, de los que no se ha vuelto a informar y, recientemente, la Policía Nacional solicitó el despido de 33 agentes y que otros tres sean encausados por su supuesta implicación en el asesinato del presidente.
DESFILE DE JUECES
Hasta el momento cinco jueces han estado a cargo de la causa abierta en Haití por el magnicidio sin lograr avances en la instrucción del caso por distintos motivos.
El juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, Bernard Sainvil, designó al magistrado Walther Wesser Voltaire para hacerse cargo de la investigación
Antes, lo precedió el magistrado Merlan Belabre, que ni siquiera llegó a iniciar las pesquisas “al no disponer del expediente físico y de los medios para proceder a los actos de instrucción” tras sustituir al magistrado Chavannes Etienne.
Antes que él se hizo cargo del caso el juez de instrucción Garry Orélien que se retiró del proceso en enero alegando motivos personales, días después de que una ONG lo denunciara por supuesta corrupción.
El primer juez designado para instruir la investigación judicial del asesinato del presidente fue Mathieu Chanlatte, que renunció cinco días después de su designación, alegando razones personales. El magistrado no pudo rodearse de las condiciones de seguridad necesarias para acometer una investigación de esa magnitud.
Tampoco el primer fiscal encargado del proceso, Bel-Ford Claude, sigue en la causa, después de que Henry lo destituyera por abrirle una investigación en calidad de imputado, a pesar de que no estaba facultado para ello, por ser esta una función que recae sobre el juez de instrucción. En su lugar está Frantz Louis Juste.
SENSACIÓN DE IMPUNIDAD
La viuda, Martine Moïse, ha denunciado en múltiples ocasiones que los responsables de la muerte de su esposo siguen libres.
Similares son las reflexiones de Ariel Henry a este respecto: “Tengo la desagradable sensación de que quienes concibieron y financiaron este macabro plan aún corren por las calles y aún escapan de nuestro sistema judicial”, afirmó en un tuit publicado el 13 de junio.
El excanciller Claude Joseph ejercía las funciones de primer ministro cuando asesinaron a Moïse, al que le unía una estrecha relación personal, y ha criticado en muchas de ocasiones el estancamiento del proceso de investigación que achaca a la “falta de voluntad política” por parte de las autoridades.
Fuente: Ndigital
