Recientemente se filtró un video en el que se observa al exdirector de Obras Públicas y condenado por corrupción en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, navegando en las aguas de Punta Catalina, en la provincia Peravia, en el yate bautizado como “Balbie”.
El hecho causó revuelo en algunas personas ya que se entendía que la embarcación estaba incautada por las autoridades, luego de que en noviembre pasado el Tribunal Constitucional anulara una sentencia que ordenó levantar la inmovilización del yate, el cual había sido reclamado por el yerno de Díaz Rúa.
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La realidad es que, a raíz de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que condenó a Díaz Rúa a cinco años de prisión y al pago de una multa de 200 salarios mínimos, así como a Ángel Rondón a ocho años de cárcel y a pagar la misma multa, se deben esperar las apelaciones de las partes.
Así lo explicó el abogado Francisco (Pancho) ÁlvarezValdéz, al ser consultado por ACENTO, explicando que dicha sentencia es recurrible en apelación, por lo que la misma no es ejecutable inmediatamente.
“Te aseguro que van a recurrir tanto el Ministerio Público como los condenados. Ese proceso de apelación puede durar entre tres y seis meses”, comentó el jurista.
En la sentencia del juicio Odebrecht, se establece que Díaz Rúa utilizó el dinero ilícito obtenido fruto del pago de sobornos que recibió mientras se desempeñó como funcionario público, para adquirir bienes de lujo con la finalidad de introducir fondos ilícitos al sistema financiero, “una maniobra típica del delito de lavado de activos”.
“Un ejemplo de este tipo de maniobras ilícitas es el caso del Yate de recreo marca Pershing, color azul, año 2011, de 60 pies de slora, número de registro 746600, Matrícula núm. DL 1930AF, bautizado como “Balbie”, nombre que corresponde a la esposa del imputado Víctor José Díaz Rúa, registrado en Islas Vírgenes Británicas a nombre de la compañía offshore o de carpeta “Nutberry Limited””, señala el documento.
Dice que los gastos generados por la embarcación, por concepto de uso de las instalaciones del muelle H4, son pagados de forma directa por su propietario Víctor José Díaz Rúa, de acuerdo con la relación de pagos entregada por la empresa “Casa de Campo Marina”.
La embarcación forma parte de los bienes incautados a Díaz Rúa, a quien el tribunal también ordenó el decomiso de un inmueble con una superficie de 4,246.97 metros cuadrados, ubicado el complejo Casa de Campo, La Romana.
También, un apartamento en el condominio Torre Caney, en el sector Bella Vista, Distrito Nacional; la sociedad Albox S. A.; la sociedad Radio-Difusora Sky Land S.A.; y la sociedad Inversiones Monttoba S. R. L
Fuente: Acento
