Miami.– Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela han recrudecido, enfatizó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al condenar el bloqueo a medios digitales y el uso ilegal de datos personales para acosar a periodistas.
Desde la madrugada del 1 de febrero fue bloqueado el acceso a tres medios digitales: Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV Miami, este último con sede en Florida, Estados Unidos. La acción, ejecutada por las empresas de telecomunicaciones CANTV (estatal) y Movistar, Digitel, Supercable e Inter (privadas), operadoras de servicios móviles y de internet, habría respondido a órdenes de la oficialista Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“La dictadura de Nicolás Maduro demuestra una vez más su fijación por amordazar al periodismo independiente. La comunidad internacional no puede quedarse callada ante un régimen de terror que vive atropellando el derecho a la libertad de expresión sus ciudadanos”, expresó Jorge Canahuati, presidente de la SIP y CEO de Grupo Opsa, de Honduras.
Según la organización de monitoreo VE Sin Filtro, el régimen no solo bloquea los sitios web de medios no afiliados al gobierno, sino que en los últimos años también bloqueó plataformas de multimedia, streaming y redes sociales.
Estas denuncias también confirman las conclusiones de un reciente informe de la organización Espacio Público, Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes, dado a conocer el 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, agregó que esta nueva información “nos impone a reiterar nuestro compromiso, apoyo y solidaridad para con los periodistas y medios independientes que desde hace más de veinte años vienen padeciendo persecución y represalias gubernamentales por su labor”.
Canahuati y Jornet remarcaron que la Declaración de Salta, de 2018, sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, establece en su punto 7 que “Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos”, mientras que en el punto 5 recuerda que “El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Entre otras prácticas arbitrarias ejercidas desde el poder, Espacio Público señala la vigilancia y el robo de información a través de la clonación de sitios web y páginas de redes sociales; phishing, y retención de datos personales vía telefonía celular o fija, usando equipos tecnológicos y software israelí para la extracción de información.
El informe destaca que el acceso ilegal a equipos, en su mayoría teléfonos móviles, “configura una práctica creciente” en contra de periodistas por parte de policías y militares.
La última resolución de la SIP sobre Venezuela enfatiza que “la implacable persecución contra medios de comunicación y periodistas, así como el bloqueo a los pocos medios que aún publican en internet, ha casi completado el plan de hegemonía comunicacional del régimen, similar al modelo cubano”. Sobre el embargo de las instalaciones del diario El Nacional el 14 de mayo de 2021, medida que todavía prevalece, la organización expresó que “quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas”.
Venezuela, además de Cuba y Nicaragua, son los países peor evaluados en materia de libertades individuales y sociales según el Índice Chapultepec 2021, un barómetro con el que la SIP que mide niveles de libertad de prensa y expresión en 22 naciones del hemisferio.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
