Punta Cana, Uvero Alto. En horas de la madrugada de este martes, aproximadamente a las 5:30 a. m., un contingente militar del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, ingresó de manera sorpresiva al complejo Playa Palmera, un residencial turístico que ha sido hogar y fuente de empleo para numerosas familias de la zona. Los agentes, fuertemente armados, accedieron a la propiedad a través de la playa, entrando por el área colindante con un hotel vecino.
Según denuncias de residentes y turistas, el SENPA actuó de manera arbitraria y violenta, cercando la propiedad e impidiendo el acceso a quienes se encontraban en el lugar. Esta acción ha generado gran indignación, ya que, de acuerdo con informaciones suministradas por abogados del complejo, los agentes no contaban con una orden judicial que avalara la demolición de la Casa Club.
Además, se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza, afectando a empleados, residentes y miembros de la prensa que intentaban documentar lo sucedido. Lo más alarmante es que en los tribunales existe un recurso contencioso que debía impedir cualquier acción hasta que se emitan los dictámenes correspondientes. No obstante, las autoridades ignoraron este procedimiento legal y continuaron con la intervención.
El impacto de estos hechos va más allá del conflicto legal. Más de 60 familias han quedado afectadas tras perder sus empleos a raíz de la intervención en Playa Palmera. Para muchos de ellos, este complejo representaba su sustento diario, y su cierre significa un golpe devastador para quienes llevaban el pan a sus hogares desde ese lugar.
Además de la preocupación por el abuso de autoridad, han surgido rumores sobre un posible favorecimiento del Ministerio de Medio Ambiente hacia un grupo hotelero vecino. Estas especulaciones han aumentado el descontento entre los residentes y propietarios, quienes exigen una investigación transparente sobre lo ocurrido.
Los afectados han manifestado su intención de continuar con acciones legales para frenar lo que consideran un atropello y un abuso de poder. Se espera que las autoridades pertinentes ofrezcan una explicación clara y tomen medidas para garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
