El Centro Nacional Electoral de Venezuela ha anunciado este martes que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio, el día del nacimiento de Hugo Chávez. La autoridad electoral lo ha hecho público precisamente hoy, la fecha en la que murió el impulsor del movimiento político que gobierna el país desde hace más de dos décadas. La fecha exacta en el calendario, que toda la comunidad internacional aguardaba, pone en marcha un proceso electoral complejo y muy cuestionado, del que ha sido vetada la principal opositora, María Corina Machado, para despejar el camino del presidente Nicolás Maduro. La campaña tendrá lugar entre el 4 y el 25 de julio.
Los candidatos podrán inscribirse entre el 21 y el 25 de marzo. Lo que en cualquier país podría parecer un trámite administrativo sin mayor importancia, en Venezuela resulta capital. El chavismo se ha mostrado inflexible con la participación de Machado, que lidera la mayoría de las encuestas que se han hecho públicas en los últimos meses. Los tribunales, controlados por el oficialismo, se escudan en una supuesta falta que cometió con sus gastos en sus tiempos como congresista, la época en la que se dio a conocer por enfrentarse dialécticamente a Chávez. La oposición la eligió para enfrentarse a Maduro en este 2024 en unas primarias que sorprendieron a todo el mundo, principalmente a Maduro. Dos millones de venezolanos salieron a la calle y votaron masivamente a Machado. Era una demostración de fuerza de una política que hace unos años mantenía posiciones muy antichavistas muy extremistas, pero que en los últimos tiempos ha moderado sus posiciones para dirigirse a un público más amplio.
La comunidad internacional ha intentado en los dos últimos años convencer al chavismo de la necesidad de celebrar de unas elecciones limpias y transparentes en las que la oposición tuvieran opciones reales de victoria. Se hablaba de una especie de transición democrática que se llevara a cabo con el consenso de todas las partes. El Gobierno de Joe Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, o el colombiano, Gustavo Petro, han tratado de impulsar esta vía de diálogo. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero también era partidario. El chavismo, sin embargo, argumentaba que las sanciones internacionales que pesaban sobre el país impedían cualquier tipo de acuerdo. Maduro llegó a decir que si no se levantaban esas restricciones no se celebrarían unos comicios democráticos.
El Gobierno y la oposición, que llevan años sentados en unas mesas de diálogos que se reactivan cada cierto tiempo para encontrar una salida política a la larguísima crisis institucional en la que está inmersa Venezuela, firmaron un acuerdo en Barbados en el que se comprometían a respetar el calendario electoral recogido en la Constitución, que marca que se deben celebrar en el segundo semestre de este año, y facilitar la inscripción de los candidatos opositores. No son pocos los que están inhabilitados. Además de Machado, esa prohibición pesa también sobre Henrique Capriles, que en su día le compitió a Chávez las elecciones y a punto estuvo de derrotarlo. Washington pensó, con estos acuerdos de Barbados, que era el momento de mostrar voluntad política y en octubre de 2023 levantó las sanciones al gas, al petróleo y al oro. Venezuela podía volver de forma oficial a los mercados internacionales y mejorar su economía.
A cambio, Maduro tenía que empezar la apertura democrática. Eso nunca llegó a ocurrir. El presidente y su círculo de confianza se mostraron inflexibles frente a la inhabilitación de Machado. El chavismo ha demostrado que no quiere enfrentarse a ella bajo ninguna circunstancia. La cerrazón del Gobierno decepcionó a la Casa Blanca y anunció finales de enero el regreso de las sanciones. La posibilidad de un proceso electoral mínimamente competitivo se esfumó. Desde ese momento el chavismo ha radicalizado su política. Como también hizo Chávez en su día, Maduro asegura que hay plan para asesinarlo y dar un golpe de Estado en el país. La fiscalía ha detenido bajo esa acusación a opositores, activistas y miembros de las organizaciones de derechos humanos. Incluso a ciudadanos normales y corrientes que han criticado al chavismo en redes sociales.
Fuente: El País
