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Tensión en Bolivia tras la detención del gobernador de Santa Cruz por “presunta participación en un golpe de Estado” en 2019

Vanessa Acosta
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Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, fue detenido este miércoles en el marco de la investigación de los disturbios en 2019 que obligaron al entonces presidente Evo Morales a dimitir.

Además de gobernador de Santa Cruz, el departamento más rico del país, es uno de los principales opositores del actual presidente, Luis Arce.

“Luis Fernando Camacho fue aprehendido en horas de la tarde del día de hoy 28 de diciembre en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz en el caso denominado ‘Golpe de Estado 1′”, señaló la Fiscalía General de Bolivia en un comunicado de prensa.

Luego del operativo de detención en Santa Cruz, el gobernador fue trasladado a La Paz.

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Su detención disparó la tensión política en el país. El Gobierno de Santa Cruz denunció que Camacho fue “secuestrado, en un operativo policial absolutamente irregular”.

Sin embargo, la Fiscalía afirmó en su comunicado que el detenido conocía los cargos en su contra desde hace varias semanas:

“La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”.

Las protestas se desataron en varios puntos de la ciudad de Santa Cruz, donde las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno para contener a los participantes, según mostraron imágenes de medios locales.

Los manifestantes también llegaron al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, en un aparente intento de evitar que Camacho fuera trasladado, según la agencia de noticias AFP.

Enfrentamientos entre policías y manifestantes tras el arresto.
 

¿Qué pasó en 2019?

Morales dijo en Twitter que, después de tres años, Camacho finalmente “responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto”.

En noviembre de 2019, Morales pasó en menos de tres semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de Estado y renunciar a la presidencia de Bolivia.

El país enfrentaba una profunda crisis política que tuvo su detonante el 20 de octubre en el escrutinio de las elecciones presidenciales, en las que Morales asipraba ser reelegido por tercera vez.+

Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el exmandatario boliviano y el candidato opositor, Carlos Mesa.

Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen.

Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del TSE llevaron a la oposición a clamar un “fraude descarado”.

Incluso las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea pidieron que hubiera segunda vuelta.

Luis Fernando Camacho al entrar en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, Bolivia

Pero Morales insistió en que él había ganado las elecciones y, en respuesta a las manifestaciones de la oposición, llamó a sus seguidores a “defender la democracia” en las calles y frenar un “golpe de Estado”.

Eso sí, también aceptó que la OEA hiciera una auditoría del escrutinio.

La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral.

Aseguró, también, que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En un informe de 13 páginas señaló que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos.

Morales respondió con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones.

Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, dimitió y abandonó el país.

Jeanine Áñez, abogada y militante del entonces partido opositor Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional, asumió como presidenta interina.

Un año después se convocaron las elecciones y fue elegido el actual mandatario, Luis Arce, considerado el heredero de Morales.

En junio de este año Áñez fue condenada a 10 años de prisión tras ser declarada culpable por los delitos de “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”.

Fuente: BBC

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