América Latina y el Caribe concentran grandes reservas de agua dulce, pero millones de personas siguen sin recibirla en sus hogares. La región enfrenta una contradicción marcada por sequías, infraestructura colapsada, contaminación y mala gestión, lo que compromete la seguridad hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
Brasil es el ejemplo más claro de los efectos del cambio climático: el 71 % de sus ciudades sufrió afectaciones en 2024 por una sequía histórica en la Amazonia y el Pantanal. Más de 30 millones de hectáreas ardieron en incendios forestales, afectando comunidades, agricultura y energía hidroeléctrica.
En Colombia, pese a tener seis veces más agua que el promedio mundial, casi una quinta parte de los municipios es vulnerable al desabastecimiento. Entre 1998 y 2021, más de 1.300 localidades enfrentaron escasez. Bogotá tuvo un año de racionamiento sin precedentes, mientras que 175 municipios dependen de acuíferos poco estudiados.
Puerto Rico padeció sequías entre 2015 y 2020 que afectaron a más de un millón de personas, y en 2024 la mitad de su territorio estuvo bajo sequía moderada.
En Uruguay, Montevideo vivió en 2023 la peor crisis de su historia: el agua de la llave salió salada, el embalse Paso Severino llegó a niveles críticos y el 50 % del agua potabilizada se perdía en cañerías. Hoy se debate entre una represa en Casupá o nuevas plantas potabilizadoras.
Argentina sufrió en 2022 una de sus sequías más graves desde 1961, con más de la mitad del territorio afectado. El 20 % de su población no tiene acceso a agua potable, con desigualdades que golpean sobre todo al conurbano bonaerense.
En Venezuela, el 77 % de la población recibe agua limitada y el 11 % no tiene servicio. La distribución cayó un 60 % en la última década y el sistema de bombeo y tratamiento un 90 %. Estados como Nueva Esparta y Lara pasan hasta 25 días sin agua corriente, mientras familias gastan entre 30 y 50 dólares al mes en camiones cisterna.
Perú enfrenta una paradoja: mientras 3,3 millones de personas carecen de agua potable, la selva rebosa ríos pero carece de infraestructura. En regiones áridas como Ica, los acuíferos están sobreexplotados. Loreto, Ucayali y Pasco no superan el 28 % de cobertura.
En Costa Rica, aunque la cobertura nacional es del 93 %, en algunos cantones no llega al 60 %. La sequía de 2023 redujo en 80 % las fuentes superficiales. Las fugas y conexiones ilegales superan el 50 % y en Guanacaste el turismo y la agroindustria agravan la presión sobre el recurso.
La paradoja del agua en América Latina demuestra que tener abundantes ríos, acuíferos y glaciares no garantiza el acceso al recurso. La combinación de cambio climático, deforestación, sobreexplotación, desigualdad y mala gestión amenaza la seguridad hídrica de millones de personas. Resolver esta crisis requiere proteger los ecosistemas, modernizar infraestructuras y asumir políticas públicas con visión de futuro, porque sin agua segura no hay desarrollo sostenible ni calidad de vida.
