Un supervisor de la oficina de la DEA en República Dominicana fue arrestado en el marco de una investigación por presunto abuso de un programa de visas para informantes confidenciales, según informaron a la prensa un funcionario actual y un exfuncionario estadounidense con conocimiento del caso.
El detenido fue identificado como Melitón Cordero, quien habría sido apresado como parte de una pesquisa dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Las fuentes ofrecieron los datos bajo condición de anonimato debido a que la investigación continúa en curso.
Cierre de la oficina antinarcóticos
El arresto se produce luego de que la administración del expresidente Donald Trump dispusiera el cierre abrupto de la oficina antinarcóticos en República Dominicana, alegando una “violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública”.
Más temprano, la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, anunció que la oficina de la DEA permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, sin ofrecer inicialmente mayores detalles sobre la decisión.
A través de un mensaje público, la diplomática expresó que no tolerará ninguna percepción de corrupción dentro de la embajada, subrayando que el uso de un cargo oficial para beneficio personal constituye una grave falta.
Hasta el momento, ni el DHS ni la DEA han emitido declaraciones oficiales adicionales, y los intentos de contactar al detenido no obtuvieron respuesta inmediata.
Investigación interna y postura del Gobierno dominicano
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre de la oficina no guarda relación con el Gobierno dominicano, sino que responde a una investigación interna de las autoridades estadounidenses.
Cómo funciona el programa de visas para informantes
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros vinculados previamente a actividades delictivas, quienes colaboran como informantes confidenciales en investigaciones criminales.
Con el tiempo, muchos de estos colaboradores pueden optar por la residencia permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Sin embargo, un informe de 2019 del Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó fallas significativas en el programa, señalando que las autoridades habían perdido el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas, lo que representaba posibles riesgos para la seguridad pública y nacional.
Las autoridades estadounidenses continúan profundizando las indagatorias para determinar el alcance de las presuntas irregularidades.
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