Impulso a la transición energética en la región
En la última década, los países de América Latina y el Caribe han implementado esfuerzos para reducir sus emisiones. Entre 2015 y 2022 la región aumentó su capacidad renovable en 51%, alcanzando ese último año el 64% de generación a partir de fuentes renovables. Sin embargo, el ritmo debe acelerarse. A medida que la población y el crecimiento económico se prevé que la demanda de electricidad aumente un promedio anual de 2.3% de 2022 a 2050.
Sin cambios significativos en las matrices energéticas y en los planes de expansión, América Latina y el Caribe no alcanzará el objetivo de cero emisiones netas para 2050.
América Latina y el Caribe tienen una oportunidad histórica para lograr el acceso universal a la energía eléctrica de manera justa e inclusiva, sobre todo si consideramos que 16.2 millones de personas en la región aún carecen de este acceso.
Algunas soluciones propuestas:
Descarbonizar diversos sectores de la economía, incluyendo los sectores de electricidad, calefacción, transporte, industrial y de construcción. A medida que se procede a la electrificación de estos sectores, se hace imperativo que la región disponga de energía generada a partir de fuentes renovables.
Por ello, es crucial desarrollar marcos regulatorios que faciliten esta transición en los países, impulsando la inversión en energías renovables. Además, es necesario mejorar la eficiencia energética y adoptar políticas para la reducción de la demanda de energía. Así como desarrollar tecnologías emergentes, como el hidrógeno verde y los sistemas de almacenamiento.
Priorizar una transición energética justa es otra piedra angular. Esto implica apoyar estrategias que promuevan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fortalezcan la resiliencia climática, asegurando que los costos y beneficios derivados se repartan de manera equitativa.
Qué está haciendo el BID:
El BID actúa como Secretaría Técnica de la iniciativa “Renovables en Latinoamérica y El Caribe” (RELAC), la cual agrupa a 16 países de la región. Para 2030, los países miembros se han comprometido a acelerar la transición hacia sistemas eléctricos carbono-neutrales en Latinoamérica y el Caribe (LAC), asegurando que al menos el 80% de la generación eléctrica se derive de fuentes renovables.
El BID ha invertido US$1,068 millones en la construcción de 425 MW y la modernización de 5,209 MW de plantas hidroeléctricas en la región. Además, ha apoyado la modernización de marcos regulatorios para facilitar la inversión privada en energía renovable. El banco también ha impulsado el desarrollo de tecnologías emergentes, como el almacenamiento de energía y el hidrógeno verde.
El desarrollo de minerales críticos para la transición energética representa una significativa oportunidad de desarrollo. En este ámbito, el BID ha colaborado en el fortalecimiento de marcos institucionales para el sector minero, optimizando procesos en 11 gobiernos.
En el sector de la electromovilidad, el banco ha brindado apoyo a gobiernos para desarrollar marcos regulatorios que faciliten la adopción de vehículos eléctricos. Esto incluye asistencia a 14 ciudades en el diseño de modelos de negocio para la implementación de autobuses eléctricos.
Entre 2016 y 2021, el BID ha financiado programas gubernamentales que han proporcionado acceso a la energía, por primera vez o mejorando su calidad, a 2.7 millones de personas.
Impulso a la integración energética
El cambio climático, la falta de inversión en el sector energético y los picos de demanda eléctrica están generando déficits de energía. Como resultado, se recurre frecuentemente a apagones programados para gestionar la escasez, impactando de manera desproporcionada a los hogares más vulnerables. La integración eléctrica es una solución estratégica, al permitir el intercambio de energía entre países, donde aquellos con excedentes pueden suplir las necesidades de los que enfrentan escasez.
La integración de los mercados eléctricos regionales transformará la generación, distribución y consumo de electricidad, aprovechando economías de escala, fomentando grandes proyectos energéticos y mejorando el acceso a energía más barata. Al compartir reservas y aumentar la oferta eléctrica, se gestionarán más eficazmente los picos de demanda, estimulando la competencia y favoreciendo a las plantas más eficientes, lo cual desplazará a las más costosas y contaminantes. Sin embargo, el éxito de esta integración requerirá superar desafíos como armonizar normativas nacionales y optimizar el uso de recursos energéticos. Una integración completa promoverá el intercambio de excedentes de energía limpia, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo significativamente a la disminución de emisiones de CO2.
Algunas soluciones propuestas:
En la actualidad, la interconexión eléctrica en América Latina avanza mediante conexiones bilaterales y esfuerzos subregionales. Un ejemplo es el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), que logra la integración de seis países de Centroamérica a través de 1,800 km de líneas de transmisión.
Además, se destacan iniciativas que tienen como objetivo profundizar la interconexión eléctrica regional. Entre ellas, el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), que busca conectar a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú; el Sistema de Integración Energética del Cono Sur (SIESUR), que incluye a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; y el Arco Norte, que conecta a Guyana, Surinam, la Guyana Francesa con Brasil. Estas iniciativas son fundamentales para la consolidación de un mercado energético regional integrado, promoviendo la eficiencia, seguridad energética y el desarrollo sostenible a través del aprovechamiento compartido de recursos energéticos.
Si la red regional se integra con el 80% de las energías renovables, se pueden ahorrar US$23 mil millones y 0,7 Gigatoneladas de CO2e para 2030 y (BID, 2017[LSVF1]).
Qué está haciendo el BID:
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) juega un papel crucial en la promoción de la integración energética en América Latina, brindando apoyo técnico y financiero a iniciativas clave como el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), el Sistema de Integración Energética del Cono Sur (SIESUR), el Arco Norte y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC). Estos sistemas de colaboración entre países están diseñados para construir infraestructuras eléctricas capaces de compartir los excedentes de generación de energía limpia, mitigando así posibles fallas en el suministro y fortaleciendo la seguridad energética regional. El BID facilita asistencia técnica esencial para avanzar en la implementación de acciones normativas, regulatorias, técnicas e institucionales, fundamentales para el éxito de estas iniciativas de integración eléctrica.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 125 millones de dólares para una línea eléctrica de 500 kilovoltios que ayudará a Ecuador y Perú a conectar sus redes eléctricas. Se espera que el Banco Europeo de Inversiones aporte 125 millones de dólares adicionales al proyecto. La línea de muy alta tensión de 544 kilómetros entre ambos países ayudará a fortalecer la integración energética regional y avanzar en la iniciativa del Sistema Andino de Interconexión Eléctrica. LINK
Financiamiento de infraestructura resiliente
El cambio climático, consecuencia definitiva de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmosfera por la dependencia hacia los combustibles fósiles, está alterando los patrones meteorológicos experimentados históricamente. Esta alteración se ve reflejada en un aumento de 1.1 °C en la temperatura de la superficie de la tierra y el aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos extremos, como sequías, incendios, tormentas, inundaciones y huracanes.
Ciertas regiones se han visto más afectadas que otras por estas alteraciones. Regiones con alta dependencia en la energía hidroeléctrica han visto alterados los patrones de lluvias y la disponibilidad de este recurso. Otras regiones, se encuentran lidiando con procesos de desertificación y calores cada vez más intensos, imponiendo una carga cada vez mayor sobre los sistemas eléctricos para entregar climatización y refrigeración a personas y productos.
Regiones susceptibles de sufrir tormentas tropicales y huracanes han visto daños cada vez mayores a su infraestructura y pérdida de servicios básicos por días y, a veces, semanas. Sólo entre 2000 y 2019, se registraron 330 tormentas en el Caribe, de las cuales, 181 evolucionaron a huracanes que impactaron la vida de 34 millones de personas. Según las Naciones Unidas, el Caribe tiene pérdidas en infraestructuras debidas a desastres naturales (huracanes terremotos, tsunamis e inundaciones) por un valor de 12,5 mil millones de dólares cada año.
El limitados espacio fiscal y las múltiples demandas ciudadanes que existen en las regiones y países que se ven más afectados por el cambio climático, dificulta la inversión en infraestructura y medidas para hacer frente a estos eventos climáticos extremos. Más aún cuando la infraestructura resiliente, capaz de resistir temperaturas, vientos, y cursos de agua más intensos, es aún más costosa.
Algunas soluciones propuestas:
Para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos y otros peligros asociados al cambio climático, es clave invertir en infraestructura física y digital resiliente, que permita disminuir los impactos negativos del cambio climático en la población. Si bien la invertir en este tipo de infraestructura puede llevar a mayores costos de inversión, sus beneficios sociales y económicos más que compensan su mayor costo.
Aumentar la resiliencia de los edificios es económicamente viable para las islas de alto riesgo del Caribe, generando ahorros a largo plazo y aumentando la preparación de las infraestructuras ante los impactos del cambio climático.
La construcción de infraestructuras energéticas más costosas pero resilientes en el Caribe podría reportar beneficios netos por 4,3 miles de millones de dólares en más de 20 años, debido principalmente al ahorro en costes de reconstrucción.
Qué está haciendo el BID:
En Bahamas, el BID aprobó un préstamo contingente por 100 millones de dólares, de los cuales 16 millones financiarán infraestructura energética resiliente.
En Nicaragua, el Banco ha sido innovador al proveer financiamiento para nuevas tecnologías. En este caso, se está financiando la instalación de miniredes resilientes con 6 millones de dólares.
En Honduras, el BID aprobó un préstamo por 179 millones de dólares con el objetivo es reforzar el sistema nacional de transmisión mediante la financiación de obras prioritarias. Adicionalmente, se espera fortalecer la capacidad de interconexión con el mercado eléctrico regional, a fin de aprovechar plenamente el Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC), mejorar la sostenibilidad financiera y la capacidad institucional, mejorar la calidad de la transmisión haciendo más confiable el servicio eléctrico, y facilitar el transporte de la electricidad generada con proyectos de energía renovable.
Almacenamiento energético / Tecnología
La expansión de las energías renovables intermitentes, como la energía solar y eólica que han crecido a tasas del 123% y 39% anual en los últimos 10 años, y han apoyado la descarbonización del sector eléctrico. Sin embargo, también han aumentado la presión sobre el mismo, exigiendo una mayor flexibilidad para mantener el balance continuo entre generación y demanda eléctrica en tiempo real.
El aumento en la demanda por electricidad hace necesario no solo aumentar la generación, sino también las tecnologías de almacenamiento energético que entregan balance al sistema. Estas tecnologías requieren del capital para implementarlas y de los marcos regulatorios necesarios para hacer atractivos los modelos de negocios y, por lo tanto, las inversiones en almacenamiento energético.
En América Latina y el Caribe ya se han desarrollado algunos proyectos de almacenaje energético que no han requerido de mayores ajustes regulatorios, como el caso de algunas aplicaciones en lo que se conoce como detrás del medidor, en Colombia, Chile, República Dominicana y Perú. Sin embargo, el aprovechamiento de esta tecnología requiere de marcos regulatorios que se ajusten a las realidades de los mercados eléctricos de cada país.
Múltiples barreras regulatorias en los mercados eléctricos dificultan la implementación de tecnologías de almacenaje energético: (i) falta de una definición clara, esquemas de precios y tarifas inadecuados, y falta de mercados para servicios auxiliares.
Algunas soluciones propuestas:
El almacenamiento de energía juega un papel muy importante, gracias a que pueden actuar como una carga o como una fuente de electricidad de manera alterna, y así compensar las variaciones de generación y demanda eléctrica rápidamente. Además, los sistemas de almacenamiento energético pueden aliviar problemas de congestión en las redes de transmisión de energía y posponer inversiones no sólo en éstas sino también en las redes de distribución.
Materializar los beneficios del almacenamiento energético dependerá de la definición de marcos regulatorios que fomenten el desarrollo de modelos de negocios atractivos usando las tecnologías de almacenaje. En particular, es clave definir claramente al almacenamiento energético dentro de la legislación, establecer condiciones de acceso y conexión a la red, precisar los permisos y autorizaciones necesarias para estos proyectos, calcular los peajes y cargos de red a los que se verán afectados estos servicios, y definir la estructura de pagos que recibirán los sistemas de almacenaje energético, incluyendo pagos por arbitraje de energía, capacidad, y balance.
Adicionalmente, es importante entregar financiamiento e incentivos que disminuyan el riesgo a invertir en estas tecnologías, cuyo atractivo todavía no se ha materializado en diferentes países para inversionistas del sector privado.
Qué está haciendo el BID:
El Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló la publicación “Incorporación de almacenamiento de energía en los sistemas eléctricos”. En ella, se revisan los marcos regulatorios de diferentes países que cuentan con más experiencia en la implementación e inversión en tecnologías de almacenamiento energético. Esta publicación entrega importantes conclusiones para definir marcos regulatorios adecuados para la implementación de almacenamiento energético.
El Banco ha trabajado con los gobiernos de Barbados, Bahamas, Bolivia, Haití, Nicaragua, y Surinam en el desarrollo de marcos regulatorios, esquemas de tarifas, e implementación de mini redes para fomentar la implementación de tecnologías de almacenamiento energético.
El BID ha apoyado a Bahamas con el financiamiento de 14.98 millones de dorales para dos modalidades de almacenaje i) Apoyo para estabilizar la red, disminuyendo la reserve rodante, así como consumo de combustibles fósiles (capacidad instalada 25MW y 27MWh de despacho), y ii) Desarrollo de micro-redes (300kW a 2.5 MW de capacidad).
En Barbados, el Banco ha provisto 75,180 dorales para la contratación de consultores para i) el diseño de tarifas de alimentación para implementación de baterías; ii) el desarrollo de una estrategia nacional para implementación de baterías por parte de empresas públicas del país; y iii) el apoyo al desarrollo de documentos para la licitación de proyectos de baterías/almacenaje.
En Chile, el BID ha apoyado la realización de un estudio de flexibilidad para incorporar más renovables en la matriz energética. Además, se está apoyando el desarrollo del marco regulatorio y legal de almacenamiento en Chile a través de un estudio comparativo de mejores prácticas en 5 países.
En Uruguay, el BID ha aprobado 1 millón de dólares de cooperación técnica para apoyar el diseño e implementación del primer proyecto piloto para la integración de baterías al sistema de distribución de electricidad.
