- La empresa Caribe Tours decidió dejarse de cuentos y anunció que someterá al Intrant ante el Tribunal Superior Administrativo, en un movimiento que pone sobre la mesa lo que muchos comentan en voz baja: el control cerrado del transporte hacia la región Este.
- La compañía asegura que, pese a cumplir con la Ley 63-17 y agotar todos los procesos legales, se le ha impedido operar rutas interurbanas, mientras —según denuncian— grupos ya establecidos mantienen el dominio de la zona.
Por; Angel Fernandez / Bavaro Digital
Bávaro, Punta Cana. — La empresa Caribe Tours anunció que someterá un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en busca de autorización para operar el servicio de transporte interurbano hacia la región Este del país, una zona donde la compañía denuncia que por años ha existido un “monopolio cerrado” y trabas para su entrada.
La denuncia no es menor. Toca una de las fibras más sensibles del sistema de movilidad dominicano: el control de las rutas, el peso histórico de los sindicatos y la dificultad del Estado para ordenar un sector donde la ley dice una cosa, pero la calle muchas veces manda otra.
Paul Guerrero, director ejecutivo de Caribe Tours, y César Sánchez, gerente de Transporte Turístico y Empresarial, afirmaron que la empresa ha agotado gestiones ante el Estado y ante el Intrant sin lograr los permisos que, según sostienen, están contemplados en la Ley 63-17. También denunciaron agresiones armadas contra unidades de la empresa y calificaron como insostenible el modelo actual del transporte expreso interurbano en esa zona.
El corazón del conflicto: quién puede operar y quién decide
El punto más importante de este caso está en la base legal. La Ley 63-17 establece que el Intrant es el órgano rector del sistema de movilidad y le atribuye la facultad de regular, registrar y otorgar licencias y permisos a quienes presten servicios de transporte terrestre. La misma ley también deja claro que las rutas del transporte público de pasajeros son propiedad del Estado y que su operación debe ser autorizada mediante licencias expedidas por el Intrant y los ayuntamientos en su jurisdicción.
En otras palabras: en papel, la puerta la abre el Estado. Pero en la práctica, ese portón ha estado custodiado por intereses históricos, estructuras sindicales y operadores ya establecidos.
Y ahí está una de las claves que hace este caso más complejo de lo que parece. Una resolución regulatoria del propio Intrant reconoce contratos firmados entre operadores actuales y autoridades competentes, y les garantiza participación en las rutas y en sus modificaciones. Eso significa que cualquier intento de abrir el mercado o reasignar corredores puede terminar chocando con derechos previamente reconocidos, intereses adquiridos y una estructura territorial ya montada.
El Este no es un vacío: es una plaza ocupada desde hace años
Quien piense que esto es simplemente una empresa grande pidiendo entrar a una zona “libre”, está viendo la película por la mitad.
Documentos judiciales del Tribunal Constitucional muestran que en el Este ya existe una red de actores del transporte organizada desde hace años. En una sentencia de 2018 aparecen mencionados, entre otros, el Sindicato de Transporte Interurbano Higüey–Bávaro–Punta Cana–Cabeza de Toro (SITRABAPU), además de otras entidades del transporte y asociaciones vinculadas a la provincia La Altagracia y zonas cercanas.
Eso confirma que la región no solo tiene operadores activos, sino también una historia de litigios, organización sindical y defensa territorial de rutas. Traducido al español de la calle: ahí no hay una silla vacía esperando a Caribe Tours.
Lo nuevo que añade Caribe Tours al debate
La empresa no solo está reclamando permisos. También está intentando posicionarse como una alternativa “más formal” frente a lo que describe como un sistema fragmentado, desorganizado y vulnerable. Según la versión ofrecida por sus ejecutivos, Caribe Tours cuenta con monitoreo de sus unidades, sistemas de control y vigilancia, y hasta ha planteado al Gobierno la posibilidad de asumir parte de nuevos corredores, incorporando entre 200 y 300 autobuses sin costo para el Estado.
Ese detalle cambia el tono de la discusión. Ya no es solo una pelea por una ruta: también es un debate sobre qué modelo de transporte quiere el país para una de sus zonas más estratégicas.
Porque la región Este no es cualquier demarcación. Bávaro, Punta Cana, Verón, Higüey y sus conexiones con Santo Domingo mueven trabajadores, turistas, suplidores, empleados hoteleros, viajeros frecuentes y miles de usuarios que dependen diariamente de la conectividad terrestre. Cuando una ruta hacia el Este se tranca por intereses, no solo se afecta una empresa: se afecta la movilidad de una zona que produce buena parte del músculo turístico nacional.
Lo que este caso deja al desnudo
Este conflicto vuelve a poner sobre la mesa varias preguntas incómodas.
La primera: si la ley faculta al Intrant para autorizar rutas, por qué persisten zonas donde nuevos operadores denuncian que no logran entrar. La segunda: hasta qué punto el Estado realmente controla el sistema o simplemente administra tensiones entre grupos ya instalados. Y la tercera: si el país habla de modernización del transporte, cómo se justifica que una de las regiones más importantes siga atrapada en disputas de acceso, permisos y control territorial.
El propio discurso institucional del Intrant ha insistido en licencias, estándares de calidad y reorganización del sector, mientras en otros puntos del país se han impulsado corredores reformados bajo esquemas más estructurados. En febrero de 2026, por ejemplo, el Intrant informó la ampliación de su red de corredores reformados en Santo Domingo con más de 200 autobuses operando en cuatro corredores. Eso demuestra que el Estado sí viene apostando por modelos más organizados, pero el gran interrogante es por qué ese impulso no se traduce con la misma claridad en la región Este.
¿Qué puede pasar ahora?
Si Caribe Tours formaliza el recurso ante el TSA, el caso podría obligar al Intrant a defender judicialmente su manejo del otorgamiento de licencias y a explicar bajo qué criterios se ha permitido o limitado la operación interurbana hacia el Este. También podría abrir una nueva etapa de presión política y empresarial sobre un sector donde cada decisión toca intereses económicos muy concretos.
No obstante, una cosa debe quedar clara: que Caribe Tours denuncie un monopolio no equivale automáticamente a que el tribunal le dé la razón. El litigio, si se materializa, tendrá que medirse contra el marco legal vigente, los derechos que ya ostentan operadores existentes y la capacidad del Estado para justificar sus decisiones regulatorias.
Sin respuesta pública visible del Intrant
Hasta el cierre de esta nota, en las consultas públicas revisadas para este trabajo no se localizó una respuesta oficial específica del Intrant sobre el anuncio de Caribe Tours. La posición pública más visible sigue siendo la expuesta por la propia empresa en entrevistas y publicaciones periodísticas.
Más que una demanda, una prueba de autoridad
Lo que está en juego aquí no es solo si Caribe Tours entra o no al Este. Lo que está en juego es si el Estado dominicano puede demostrar que el transporte de pasajeros se regula con reglas claras y no a base de fuerza, costumbre o presión sectorial.
Porque una ley sin aplicación firme es como un semáforo apagado: está ahí, pero cada quien cruza como le da la gana.
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