El Ministerio Público pidió imponer medidas de coerción a cuatro colaboradoras del Instituto Leonardo Da Vinci, detenidas por su presunta responsabilidad en el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años.
La menor falleció en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, mientras participaba en una excursión escolar organizada por dicho centro educativo.
Solicitudes del Ministerio Público
Los fiscales solicitaron que a cada una de las acusadas se les imponga:
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Fianza de 50 millones de pesos, gestionada a través de una aseguradora.
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Impedimento de salida del país sin autorización judicial.
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Presentación periódica ante el Ministerio Público.
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Colocación de dispositivos electrónicos de localización.
Imputadas
Las medidas fueron requeridas para:
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Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa.
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Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.
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Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora.
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Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Base legal de las medidas
El Ministerio Público afirmó que estas medidas son “adecuadas y proporcionales” conforme a los hechos atribuidos, de acuerdo con el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal.
La acusación incluye:
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Homicidio involuntario (artículo 319 del Código Penal).
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Abandono y maltrato de menores (artículo 351-2 del Código Penal).
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Violación del artículo 14 de la Ley 136-03, que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Según el comunicado de la Procuraduría General de la República, la conducta atribuida a las imputadas encaja en todas estas disposiciones legales.
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