Han pasado dos años desde que fue promulgada la Ley 43-23, que reconoce oficialmente la lengua de señas en República Dominicana, y aunque en su momento fue celebrada como un logro histórico, la comunidad sorda todavía espera que se haga efectiva.
El entusiasmo vivido aquel 1 de agosto de 2023 se ha visto opacado por la falta de avances concretos. “Hubo como un silencio después y seguimos esperando, pero los sordos no estamos callados”, expresó Pablo Taveras, miembro de esta comunidad, a través de una intérprete de señas.
Los reclamos se centran en la ausencia del reglamento de aplicación, que debió publicarse dentro de los 180 días posteriores a la promulgación. Hasta ahora no hay información oficial sobre su estado.
Desde el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) se atribuye el retraso a procesos de consulta e investigación sobre cómo se han aplicado legislaciones similares en otros países, y a la falta de asociaciones legalmente constituidas que representen de manera formal a las personas sordas en el diálogo con las autoridades.
La Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (Ansordo) reconoce que la celebración pendiente de sus elecciones internas también ha retrasado el proceso, señalando además que la falta de fondos y apoyo económico ha dificultado su funcionamiento.
