Santo Domingo. – El Congreso Nacional iniciará la revisión del marco legal que regula los embargos, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la normativa anterior.
La decisión del alto tribunal se sustentó en dos puntos principales: la ley se aprobó como ordinaria cuando debió tramitarse como orgánica, y además otorgaba facultades al Ministerio Público que corresponden únicamente al Poder Judicial.
Uno de los aspectos más cuestionados fue que la normativa permitía al Ministerio Público hacer uso de la fuerza pública para ejecutar embargos, atribución que, según la Constitución, debe ser exclusiva del juez que conoce el caso.
Con la reforma, se busca que los jueces retomen el control absoluto del proceso de ejecución de sentencias, incluyendo la coordinación con la Policía Nacional y la aplicación de los procedimientos legales.
Trabajo legislativo en curso
Senadores adelantaron que en la próxima sesión se designará una comisión especial para evaluar los cambios necesarios y garantizar un marco legal más sólido. La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado ya presentó un informe favorable a un nuevo proyecto de ley que pretende establecer reglas claras, mayor control judicial y sanciones contra abusos, a fin de restablecer la seguridad jurídica.
Plazo establecido
El Tribunal Constitucional dio un plazo de dos años al Congreso para aprobar la nueva legislación, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución.
