Washington.– El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una propuesta para reducir la duración de ciertos visados, incluyendo los de estudiantes, visitantes de intercambio cultural y periodistas, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este miércoles en el Registro Federal.
La norma preliminar establece, con algunas excepciones, que los visados F (estudiantes) y J (intercambio cultural) tendrán un límite máximo de cuatro años, a menos que la duración de su programa sea menor. Por su parte, los visados I para periodistas se limitarán a 240 días. Tras superar estos plazos, los beneficiarios deberán solicitar una extensión, lo que permitirá al Gobierno realizar un control más detallado de su estancia.
Los visados para periodistas podrán ser renovados mientras dure su actividad laboral, y podrán continuar trabajando para la misma empresa mientras su solicitud de extensión se tramita.
En cuanto a los estudiantes de posgrado, la propuesta indica que no podrán cambiar de programa educativo mientras estén bajo este visado y tendrán solo 30 días para abandonar el país al finalizar su formación, frente a los 60 días que se permitían hasta ahora. Además, los estudiantes que asistan a programas de inglés no podrán permanecer más de 24 meses con ese tipo de visado.
Entre las excepciones, se incluyen los trabajadores de medios de comunicación procedentes de China, cuya estancia se limita a 90 días, aunque podrán solicitar prórrogas bajo condiciones más estrictas.
El DHS estima que esta medida generará costos adicionales tanto para quienes soliciten estos visados como para las instituciones educativas y programas de intercambio, con un impacto anualizado de entre 390,3 y 392,4 millones de dólares, dependiendo de las tasas de descuento aplicadas.
La propuesta estará abierta a comentarios durante 30 días antes de continuar su proceso de revisión. Cabe recordar que en 2020, el expresidente Donald Trump presentó una iniciativa similar que no llegó a implementarse, y que recientemente la Administración Trump inició un proceso para revisar a más de 55 millones de personas con visados activos, en busca de posibles violaciones que pudieran derivar en revocaciones o deportaciones.
