El BID considera que garantizar la seguridad alimentaria para la población de América Latina y el Caribe (ALC) es fundamental para el desarrollo de la región. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que permitan satisfacer sus necesidades alimenticias para el desarrollo de una vida saludable (FAO).
La seguridad alimentaria comprende cuatro dimensiones:
Disponibilidad de alimentos (es decir, suministro/oferta de alimentos)
Acceso a los alimentos (es decir, recursos financieros necesarios para obtener alimentos)
Estabilidad alimentaria (es decir, tener acceso y disponibilidad constantes de alimentos)
Uso de los alimentos (es decir, tener acceso a alimentos saludables, seguros y comida nutritiva)
La inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) se ha convertido en un problema estructural agravado por crisis recientes, como la pandemia del COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y por el actual contexto de cambio climático.
ALC fue la única región que logró el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad la proporción de personas con hambre entre 1990 y 2015. Sin embargo, desde entonces se produjo un aumento significativo en el número de personas que enfrentan hambre e inseguridad alimentaria.
En 2023, el 38% de la población de la región padeció inseguridad alimentaria (lo que supone un total de 247,8 millones de personas) y el 7% (43 millones de personas) enfrentó hambre. (FAO).
Los principales factores asociados a la inseguridad alimentaria en ALC son la pérdida de ingresos, la desigualdad y el aumento en el precio de los alimentos. Estos tres factores han restringido el acceso a alimentos saludables.
La pandemia del COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania han incrementado la pobreza y creado presiones inflacionarias provocadas por aumentos en los precios de los alimentos, combustibles fósiles y fertilizantes. Desde principios de 2021, la región ha percibido una suba generalizada del costo de los alimentos. . Se estima que, comparado con los niveles previos a la pandemia, el valor de las importaciones de alimentos aumentó en más del 50%. Este incremento ha afectado, principalmente, a los países que son importadores netos. En ALC, 10 países son importadores netos de alimentos y más de 20 son importadores netos de maíz y trigo.
La región enfrenta desafíos importantes en cuanto al uso de alimentos. Alrededor del 11% de los niños sufre retraso del crecimiento y el 24% de los adultos padece obesidad. Además, ALC es la región con el costo más alto para acceder a una dieta saludable (US$4,08 por persona al día vs US$3,60 mundial). En consecuencia, el 24% de la población no puede costear el acceso a una alimentación saludable (50% Caribe, 28% Centroamérica y 20% Sudamérica).
El cambio climático representa una amenaza a la seguridad alimentaria. Los eventos climáticos provocan que la región presente una alta variabilidad en la oferta y el acceso a alimentos saludables. Asimismo, el cambio climático genera impactos en la productividad agrícola, en los precios de los alimentos, en la infraestructura crítica y en los ingresos de las poblaciones más pobres.
La inseguridad alimentaria tiene efectos negativos en todas las fases de la vida de la persona y en diversas esferas. En concreto, provoca un menor desarrollo físico y cognitivo en la infancia, aumento de enfermedades crónicas en la edad adulta, menor productividad y empleabilidad laboral, más problemas de salud mental, mayor mortalidad y aumento de costos para los sistemas de salud. Por esto, es fundamental tomar medidas que generen sistemas alimentarios resilientes, sostenibles e inclusivos.
Soluciones que propone el BID
Los objetivos principales de la política alimentaria en América Latina y el Caribe deben focalizarse en:
(i) Incrementar el acceso a alimentos con un enfoque en las poblaciones vulnerables a la inseguridad alimentaria como mujeres, niños, pueblos indígenas y afrodescendientes. Brindar apoyo específico a las poblaciones vulnerables para satisfacer las necesidades alimentarias, a través de la expansión vertical y horizontal de las redes de protección social y transferencias de efectivo, y del incremento en la cobertura y calidad de los programas de alimentación escolar. Todo ello, en combinación con intervenciones productivas de la agricultura familiar para mejorar los ingresos en las áreas rurales.
(ii) Promover la producción sostenible de alimentos. Generar una agricultura resiliente al clima para aumentar la productividad agropecuaria y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales, a través de la inversión en bienes públicos agrícolas (i.e. infraestructura, riego, investigación agropecuaria) y la adopción de tecnologías y prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.
(iii) Mejorar la disponibilidad y el acceso a dietas saludables. Abordar la triple carga de la malnutrición que enfrenta la región (desnutrición, obesidad y deficiencia de micronutrientes). Para ello, son necesarias políticas sociales y agrícolas que incentiven la producción de alimentos nutritivos y reduzcan el costo de acceso a dietas saludables. En este sentido, se deben considerar inversiones en información de precios de alimentos e insumos, acciones para acceder a micronutrientes básicos, inversiones en agua y saneamiento, intervenciones agrícolas sensibles a la nutrición y el fortalecimiento de los servicios de inocuidad agropecuaria.
(iv) Incrementar la estabilidad de los alimentos: reducir la variabilidad en la disponibilidad y el acceso a los alimentos requiere de inversiones que promuevan la diversificación productiva y comercial, adopción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes, fortalecimiento de los sistemas de sanidad agropecuaria, la facilitación del comercio y el mejoramiento de la resiliencia de los sistemas logísticos.
En definitiva, el BID considera que, para enfrentar la inseguridad alimentaria, es crucial implementar políticas sociales y de desarrollo del sector agrícola que promuevan sistemas agroalimentarios resilientes, sostenibles e inclusivos.
Es especialmente importante impulsar las inversiones en investigación e innovación agrícolas. Para esto es fundamental apoyar las redes de investigación e innovación agrícola en la región. Los principales centros de investigación agrícola internacionales y regionales deben desempeñar un papel central, trabajando estrechamente con los sistemas nacionales de investigación y el sector privado. Esta colaboración fomentará una sólida dinámica de mercado y abordará las necesidades de la población local, siguiendo un enfoque ascendente. La evidencia muestra que, por cada dólar invertido en investigación agropecuaria, se obtienen entre 10 y 30 dólares en beneficios. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región se invierte menos del 1% del PIB agrícola en investigación agropecuaria.
Ejemplos de operaciones / Iniciativas:
Entre 2020 y 2022, el BID aprobó 52 proyectos que contribuyen al ODS 2 de “Hambre Cero”, generando impactos en más de 800.000 productores agrícolas.
El Banco genera alto valor agregado, a través de la provisión de asistencia técnica y el desarrollo de productos de conocimiento. Esto incluye evaluaciones de impacto que miden la efectividad de nuestros proyectos en la seguridad alimentaria.
Durante la pandemia, el BID implementó procesos fast track para procesamiento de operaciones estandarizadas con el fin de mitigar los efectos inmediatos del COVID-19. Esta iniciativa se tradujo en transferencias monetarias por valor de US$3,4 mil millones en 16 países de ALC.
Actualmente, el BID está impulsando iniciativas basadas en evidencia que apuntan a mejorar la seguridad alimentaria en varios países de la región, incluidos Panamá, Haití, Perú, República Dominicana y Colombia.
En Bolivia, por ejemplo, el BID está apoyando inversiones que superan los US$300 millones en sanidad agropecuaria, infraestructura de riego y transferencia de tecnología dirigidas a mujeres y pequeños agricultores. Las evaluaciones de impacto confirman la eficacia de estas intervenciones para mejorar la seguridad alimentaria.
