La Algracia.- La Fiscalía de La Altagracia ha dado un paso importante en un caso judicial relacionado con publicaciones en redes sociales, tras solicitar formalmente al sistema de justicia la imposición de prisión preventiva contra el ciudadano Jefte Rafael Ventura Jiménez, por presuntas conductas de difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos.
Este pedido de medida de coerción se basa en acusaciones ligadas a la difusión de contenido difundido por Ventura Jiménez que, según el expediente, contenía afirmaciones consideradas falsas y maliciosas respecto a una empresa local y a un abogado empresario.
Acusaciones específicas y difusión en plataformas digitales
La acción legal se origina por la publicación de una serie de videos y mensajes en redes sociales, incluyendo cuentas de Instagram, canales en YouTube y cadenas de WhatsApp, donde el imputado habría hecho declaraciones que los querellantes califican de difamatorias e injuriosas.
Según lo que establece el expediente acusatorio, el 14 de mayo de 2025, Ventura Jiménez compartió contenido audiovisual en el que aseguraba que la empresa Petromóvil, S.A. impedía la evaluación de la calidad de su combustible y llegó a afirmar que el Ministerio de Industria y Comercio habría calificado dicho producto como “una porquería”.
Además, en sus publicaciones atribuyó de manera injuriosa al abogado y empresario Crisyael Montilla Martínez supuestas amenazas contra su persona, insinuando que operaba mediante métodos intimidatorios.
Presunta manipulación de pruebas y daño reputacional
El caso señala que Ventura Jiménez utilizó documentos y gráficos que no corresponden a la verdad para respaldar sus afirmaciones, lo que habría generado un daño significativo a la reputación comercial de la empresa Petromóvil y a la honra profesional de quienes fueron involucrados en las acusaciones.
Los representantes legales de los querellantes sostienen que estas publicaciones provocaron una disminución sensible en los ingresos de las estaciones de servicio, especialmente en la ciudad de Higüey, además de fomentar un clima de desconfianza injustificado entre los consumidores.
Fundamento jurídico y solicitud de la Fiscalía
La Fiscalía ha fundamentado su solicitud de prisión preventiva en varios artículos del Código Penal Dominicano, así como en la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53‑07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la difamación e injuria pública a través de medios electrónicos.
Además de pedir la prisión preventiva, los querellantes han solicitado al tribunal medidas como:
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La extracción oficial de los videos y publicaciones de las plataformas digitales para preservar las pruebas.
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La declaración de secreto total de las actuaciones judiciales para proteger la integridad del proceso.
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El resarcimiento civil por los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, causados a las víctimas.
Posición de Petromóvil y el impacto del caso
La empresa Petromóvil, S.A. ha reafirmado su compromiso con los estándares de calidad y transparencia, destacando que sus operaciones son supervisadas por los organismos técnicos reguladores del país.
Este caso subraya la importancia de garantizar la veracidad en las publicaciones públicas, especialmente cuando se trata de afirmaciones que pueden afectar la reputación de personas y entidades, así como la integridad del mercado y la confianza del consumidor.
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