Higüey, La Altagracia. – “No pido lástima; pido que se busque la verdad”. Con esa frase escrita a mano desde su celda, Yokairy Julianny Sosa Asencio, de 24 años, pidió la revisión de la condena de 12 años de prisión que cumple por un robo que asegura no haber cometido.
La joven se encuentra recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mujeres de Anamuya, en Higüey, desde donde envió una carta dirigida a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitando que su expediente sea evaluado nuevamente.
En la comunicación, Sosa Asencio denuncia que su identidad fue utilizada de manera indebida en redes sociales, situación que —según explica— provocó que fuera vinculada erróneamente al proceso judicial que hoy la mantiene privada de libertad.
Incluso, afirma que la persona responsable del delito habría declarado ante el tribunal que no la conoce y que ella no tuvo participación alguna, sin que esto haya impedido que continúe cumpliendo su condena.
“No tengo a quién más tocarle la puerta”, expresa en la carta, en la que también pide que su caso sea revisado sin prejuicios, de manera objetiva, para corregir lo que considera un grave error judicial.
Este caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la revisión de condenas, la correcta identificación de imputados y las garantías del debido proceso dentro del sistema de justicia dominicano.
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