LA ROMANA.– El expelotero dominicano de Grandes Ligas Edwin Encarnación quedó involucrado en un complejo proceso judicial tras un incidente ocurrido la noche del 1 de septiembre de 2026, en las inmediaciones de Casa de Campo, que ha derivado en querellas cruzadas por supuesto intento de homicidio.
De acuerdo con documentos y versiones divulgadas por distintos medios, el episodio se habría producido entre las 7:30 y las 8:00 de la noche, próximo a la carretera del Aeropuerto, en La Romana. Las partes ofrecen relatos completamente opuestos sobre quién inició el enfrentamiento.
Una de las querellas señala a Encarnación como presunto responsable de amenazas, daños a un vehículo, una persecución por la Autovía del Coral y posteriores disparos contra el automóvil en el que se desplazaban los denunciantes. Reportes sobre el expediente indican que varios proyectiles habrían impactado el vehículo, aunque será la investigación la que deberá determinar cómo ocurrieron los hechos.
Sin embargo, Encarnación también acudió a la Justicia como querellante y presentó su propia versión. En su denuncia sostiene que habría sido víctima de una agresión y señala a Kelvin Martínez y Gabriel Martínez Santana por un presunto intento de homicidio.
La acción presentada por el exjugador solicita que el Ministerio Público investigue el caso y, según informaciones publicadas este sábado, contempla además una reclamación de RD$50 millones como indemnización, dinero que estaría destinado a la Fundación Edwin Encarnación.
Comparecen ante el Ministerio Público
El caso ya se encuentra bajo conocimiento de las autoridades. Encarnación y personas vinculadas al expediente comparecieron este viernes ante el Ministerio Público de La Romana, mientras continúan las diligencias para establecer qué sucedió aquella noche.
Entre los elementos que podrían resultar determinantes se encuentran los vehículos involucrados, posibles grabaciones de cámaras de seguridad y otras evidencias que permitan reconstruir la secuencia del incidente.
Por el momento, ninguna de las dos versiones constituye un hecho judicialmente probado. Corresponderá al Ministerio Público contrastar las querellas, testimonios y evidencias para determinar responsabilidades y establecer si procede la presentación de cargos contra alguno de los involucrados
