Por Frank Valenzuela
Manzanillo , Montecristi, Republica Dominicana — En un hecho de alcance global, la organización internacional Mangrove Action Project (MAP), con presencia en más de 60 países y una red de más de 500 organizaciones, remitió una comunicación formal al presidente Luis Abinader el mismo día de la inauguración del proyecto Energía 2000 en la Bahía de Manzanillo, situando el caso en la agenda internacional en materia ambiental, territorial y de derechos humanos.
La carta, firmada por Alfredo Quarto, cofundador y director de incidencia de MAP, expone que el proyecto energético se sustenta en una única Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) elaborada en 2013, concebida originalmente para una planta de 360 MW, mientras que la infraestructura finalmente ejecutada alcanza los 437 MW con componentes marítimos y gasíferos no contemplados en el estudio original.
MAP señala que, pese a la magnitud de la expansión del proyecto, el acceso público al estudio ambiental fue restringido durante cuatro años, en contravención del Acuerdo de Escazú, y solo fue divulgado en marzo de 2026 tras el interés de instancias internacionales. Este hecho, según la organización, plantea interrogantes sobre los niveles de transparencia en el proceso de licenciamiento ambiental.
Uno de los aspectos centrales abordados en la carta es la intervención en Playa Estero Balsa, un ecosistema costero clave funcionalmente conectado al Sitio Ramsar No. 2497 y al Parque Nacional Manglares de Estero Balsa. La organización documenta que el dragado, la construcción de muelles y la alteración de la línea costera han transformado significativamente el entorno, afectando actividades tradicionales como la pesca artesanal y el ecoturismo comunitario.
En ese contexto, MAP indica que estas transformaciones podrían ser evaluadas bajo los criterios de la Convención Ramsar, particularmente en relación con posibles cambios en el carácter ecológico del área, lo que conlleva procesos de seguimiento y análisis dentro de dicho marco internacional.
La comunicación también aborda el impacto socioeconómico del proyecto, señalando que más de 100 familias de pescadores y operadores turísticos han visto afectados sus medios de vida, con ingresos estimados en más de 7 millones de dólares anuales, en un contexto donde aún se discuten mecanismos de remediación y compensación integral.
Asimismo, se hace referencia a la situación del abastecimiento de agua potable en Manzanillo, indicando que la conexión de la planta al sistema del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) no estaba contemplada en el estudio ambiental original, lo que ha generado preocupaciones en la comunidad en torno a la disponibilidad del recurso hídrico.
En su comunicación, MAP presenta cinco propuestas dirigidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la realización de una evaluación ambiental independiente, la atención prioritaria al Sitio Ramsar No. 2497, la implementación de compromisos de remediación, y la creación de mecanismos financieros orientados al desarrollo territorial y la recuperación de medios de vida.
La organización destaca que el caso de Manzanillo está siendo observado con interés por distintos espacios internacionales vinculados a la gobernanza ambiental, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, lo que posiciona la situación dentro de un contexto más amplio de análisis global.
Fundada en 1992, Mangrove Action Project no se limita a la conservación ambiental, sino que impulsa la defensa de los medios de vida de comunidades costeras frente a procesos de transformación territorial. Su participación en el caso de Manzanillo contribuye a proyectar la situación en escenarios internacionales de diálogo y seguimiento.
A continuación se incluye el texto íntegro de la comunicación remitida al Presidente de la República:
Subject: Formal International Concern — Ramsar Site No. 2497, Escazú Agreement & Community Livelihood Collapse — Energía 2000 Project, Manzanillo Bay, Dominican Republic
To: His Excellency Luis Abinader, President of the Dominican Republic
Cc: Ministry of Environment · Ministry of Energy & Mines · CNE · SIE · Defensor del Pueblo · DIGEIG · Ramsar Convention Secretariat · IUCN · IACHR · UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment
Su Excelencia:
Soy cofundador de la red global Mangrove Action Project (MAP), con sede en los Estados Unidos, establecida en 1992 para abordar la pérdida de manglares a nivel mundial. Le escribo en relación con el proyecto Energía 2000, el cual amenaza tanto los medios de vida de las comunidades locales como los ecosistemas de manglares afectados en su país.
Como organización internacional dedicada a la conservación y a los derechos ambientales, deseamos expresar formalmente nuestra profunda preocupación con respecto al proyecto Energía 2000 en la Bahía de Manzanillo.
Con respecto a Energía 2000, observamos que se emitieron cuatro licencias ambientales sucesivas basándose en una única Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) elaborada en 2013. Aunque originalmente fue diseñado como una planta de ciclo abierto de 360 MW destinada a subsanar el déficit energético en la región noroeste, el proyecto se expandió sustancialmente más allá de su alcance inicial, evolucionando hacia una planta de ciclo combinado de 437 MW plenamente integrada al Sistema Energético Nacional, sin que la infraestructura marítima o de gas requerida fuera considerada en el estudio original. Se denegó el acceso público a la EIA durante cuatro años —en contravención explícita del Acuerdo de Escazú—, una situación que solo salió a la luz en marzo de 2026 tras la creciente presión ejercida por organismos internacionales de supervisión.
En Playa Estero Balsa —un área costera de vital importancia ecológica y económica para la comunidad de Manzanillo, funcionalmente conectada con el Sitio Ramsar N.º 2497 y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa (el ecosistema de manglares más extenso del país)—, el dragado sistemático, la construcción de muelles y la eliminación de la línea costera natural han destruido el sustrato coralino, generado una turbidez persistente en el agua y eliminado la pesca artesanal, el ecoturismo comunitario y las actividades costeras tradicionales. Estas transformaciones podrían constituir un «cambio en el carácter ecológico» en virtud de la Resolución Ramsar VII.10, activando así las obligaciones de notificación obligatoria conforme al Artículo 3.2 de la Convención. La integridad hidrológica de Laguna Saladilla —un Refugio de Vida Silvestre protegido e integrado al sistema Ramsar, e identificado en la EIA original como una potencial fuente de agua— exige una verificación independiente y urgente. Más de 100 familias dedicadas a la pesca y al ecoturismo han sufrido el colapso total de sus medios de vida —lo cual representa ingresos documentados que superan los 7 millones de dólares anuales (BID, 2021)— sin que se haya verificado la implementación de medida alguna de remediación, en contravención de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Respetuosamente, solicitamos a Su Excelencia que:
— Encargue una evaluación ambiental independiente y actualizada de la configuración final implementada del proyecto, a través del Observatorio de Medio Ambiente y Áreas Protegidas —recientemente establecido por su administración— y con la participación de observadores internacionales acreditados, de conformidad con el Artículo 14 del CDB y la Resolución Ramsar XI.8, en un plazo de 90 días;
— Garantice la protección inmediata del Sitio Ramsar N.º 2497 y sus ecosistemas asociados, incluyendo la restauración integral de las áreas de manglares y la rehabilitación ecológica de Playa Estero Balsa, y notifique formalmente a la Secretaría de Ramsar de conformidad con el Artículo 3.2 de la Convención;
— Implemente plenamente los compromisos de remediación establecidos en el estudio de impacto del proyecto, y ejecute sin demora los acuerdos de remediación y recuperación de medios de vida alcanzados con las comunidades pesqueras, los operadores de ecoturismo y los usuarios costeros, facilitados por Guillermo Estrella;
— Establezca un Fondo Anual Permanente de Remediación Territorial para el Municipio de Pepillo Salcedo, financiado con una parte de los ingresos del proyecto, destinado al desarrollo integral de las comunidades afectadas; y establezca un Fondo de Remediación Acumulativa que abarque las dimensiones ambiental, productiva, social, patrimonial y cultural de los daños documentados.
Dado que la comunidad internacional se encuentra monitoreando esta situación, aguardamos respetuosamente una respuesta acorde con la posición de la República Dominicana como Estado signatario de los marcos antes mencionados. Esperamos su respuesta a la presente carta, con la esperanza de que adopte medidas inmediatas, justas y efectivas para rectificar esta situación y, al hacerlo, honre los compromisos que su nación ha contraído con la Secretaría de la Convención de Ramsar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, así como en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.
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