Santo Domingo. – En lo que va de año, 115,461 ciudadanos haitianos en condición irregular han abandonado la República Dominicana de forma voluntaria, según informó la Dirección General de Migración (DGM).
La institución explicó que estas salidas se enmarcan en acciones de control migratorio y procesos de repatriación implementados por el Gobierno, asegurando que se realizan con respeto a los derechos humanos.
Solo en el mes de agosto, la DGM reportó 20,586 retornos voluntarios hacia Haití.
Migración ordenada y facilidades
De acuerdo con la DGM, se han brindado garantías y condiciones seguras para facilitar estos retornos voluntarios, los cuales –al igual que las deportaciones– buscan mantener un flujo migratorio más regulado y humano.
La entidad agregó que estas medidas fortalecen la seguridad ciudadana, protegen a las instituciones sociales y ayudan en la lucha contra el tráfico de personas.
Contexto y reacciones internacionales
En abril, el presidente Luis Abinader exhortó a los haitianos indocumentados a salir del país voluntariamente para evitar ser deportados, en medio de un plan para regular la inmigración proveniente de Haití, nación que atraviesa una grave crisis humanitaria y de seguridad.
Entre enero y agosto, Migración registró 250,741 deportaciones de haitianos en situación irregular, según sus estadísticas oficiales.
Críticas y preocupaciones
Estas políticas han recibido observaciones de organismos internacionales como la OIM, que alerta sobre la vulnerabilidad de muchas personas devueltas, entre ellas mujeres embarazadas, madres lactantes y niños, en un contexto de crisis severa en Haití.
Asimismo, Amnistía Internacional ha denunciado que estas acciones reflejan prácticas discriminatorias, como condicionar el acceso a salud según el estatus migratorio y negar arbitrariamente la nacionalidad a descendientes de haitianos, lo que genera situaciones de apatridia.
En los últimos años, la República Dominicana ha endurecido sus políticas migratorias ante el deterioro en Haití. Si bien el Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para organizar la migración y salvaguardar la seguridad nacional, persisten las críticas por el impacto en grupos vulnerables y los derechos humanos.
