Valverde.- En el marco de la investigación sobre el registro ilegal de defunciones relacionada con Máximo Mendoza, el Ministerio Público arrestó este viernes a cinco mujeres, entre ellas cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza.
Las detenidas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas profesionales de la medicina, así como Yluminada Altagracia Uceta, alcaldesa pedánea del municipio Esperanza. Todas fueron detenidas mediante orden judicial en la Fiscalía de Valverde, tras hallarse evidencias que las vinculan con delitos de falsificación y suministro de datos falsos en registros de defunciones.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas serán presentadas ante la justicia y solicitará que el caso sea declarado complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
Máximo Mendoza, principal imputado, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, Valverde, tras evidenciarse que había registrado múltiples defunciones en unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). Su caso ya fue declarado complejo.
Las investigaciones señalan que Mendoza se dedicaba a falsificar y usar documentos públicos de manera fraudulenta entre diciembre de 2024 y junio de 2025, afectando tanto el sistema de salud como el registro civil. Se ha determinado que buscaba perjudicar a personas declaradas muertas de forma ficticia debido a supuestas deudas. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, cinco de ellas registradas en Salud Pública y luego en la JCE, y una sexta solo en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción fueron completados por distintos médicos en prácticas, sin exequátur, entre ellos las cuatro detenidas. Mendoza aprovechaba los turnos en varias Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Valverde para que los médicos realizasen los registros.
Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, lideran la investigación.
Se ha determinado que muchas de las víctimas eran personas en situación económica vulnerable que recibían ayudas estatales de aproximadamente RD$2,100 mensuales. Mendoza les ofrecía préstamos entre RD$5,000 y RD$15,000, cobrando mediante la retención de sus tarjetas de asistencia social. Cuando no podía cobrar, simulaba ser un familiar de las víctimas y registraba falsamente su muerte en distintas UNAP de Mao y Esperanza.
En la investigación colaboran la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE.
Las imputadas enfrentan cargos por violar los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
