La Romana, RD. — Las Asociaciones de Parceleros de Villa Hermosa, Cumayasa, Batey El Gato y La Romana (ASOPARVICUBAGARO), junto a la asociación María Trinidad Sánchez, presentaron una denuncia formal ante el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, por posibles irregularidades en los procesos de asignación y titulación de terrenos de la Reforma Agraria en la provincia La Romana.
Acusaciones y personas señaladas
En el escrito, las asociaciones solicitaron una investigación administrativa y penal sobre las actuaciones del encargado de Titulación en La Romana e Higüey, Rafael Eusebio Guerrero Pérez (Quique), a quien señalan por supuestos actos de corrupción, asentamientos irregulares y manejo indebido de expedientes.
Asentamientos afectados
Según la denuncia, en los asentamientos AC-476 El Gato La Noria, AC-488 El Gato 2do, AC-776 La Noria, AC-182 El Pintao, AC-174 Vaigira, AC-152 Isleño Colón y AC-16 Cumayasa, se habrían registrado:
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Asignaciones irregulares de terrenos
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Alteraciones de expedientes
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Desplazamiento de beneficiarios legítimos
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Duplicidad en procesos de titulación
Todo esto, según los parceleros, sería una violación a la Ley de Reforma Agraria y a las normativas internas del IAD.
Posibles consecuencias legales
El vocero de las asociaciones, Mario Díaz, advirtió que, de confirmarse los hechos, podrían configurarse infracciones a leyes como la 41-08 de Función Pública y la 155-17 sobre Lavado de Activos, así como delitos de prevaricación y abuso de poder.
Solicitudes de los parceleros
Las organizaciones pidieron al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Agricultura:
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La apertura inmediata de una investigación independiente
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La designación de una comisión técnico-jurídica para auditar los expedientes
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La suspensión provisional de los funcionarios señalados
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La remisión del caso a la PEPCA si se determinan responsabilidades penales
Los directivos enfatizaron que los terrenos de la Reforma Agraria son bienes públicos destinados a productores de escasos recursos y advirtieron que, de no recibir una respuesta institucional, acudirán al Ministerio Público para exigir justicia.
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