Punta Cana, La Altagracia. – Un grupo de familias propietarias de terrenos en la zona turística de Punta Cana decidió pasar de la reclamo verbal a la acción directa. Representantes de 35 familias se concentraron en la rotonda de Punta Cana, en las proximidades de los terrenos que identifican como de su propiedad, donde realizaron mediciones para la instalación de carpas como parte de un campamento permanente.
La convocatoria, según explicaron los participantes, responde a retrasos en pagos que —afirman— han sido prometidos en diversas ocasiones sin concretarse. Los manifestantes sostienen que han agotado gestiones previas y que la falta de resultados los llevó a optar por una protesta indefinida, con presencia física en el área en disputa.
La movilización formal fue anunciada para el miércoles 18 de febrero. De acuerdo con lo informado por los organizadores, la jornada incluirá una marcha entre la primera y la segunda rotonda de Punta Cana, seguida del establecimiento del campamento. Los voceros advirtieron que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta considerada satisfactoria.
Luis Homero Díaz, Aurelio Guzmán, Ramón Rosario y Leonte Torres, identificados como portavoces del grupo, indicaron que el objetivo es visibilizar lo que describen como un prolongado incumplimiento. Los representantes reiteraron que su reclamo se fundamenta en derechos de propiedad y compromisos económicos pendientes.
En medio de las declaraciones ofrecidas durante la concentración, los denunciantes señalaron que los terrenos en conflicto estarían vinculados al Presidente Luis Abinader y a Yayo Sanz Lovatón. Asimismo, afirmaron que “habría” existido un acuerdo económico ascendente a 47 millones de pesos gestionado a través de intermediarios, versión que, al momento de la protesta, no contaba con confirmación oficial.
El señalamiento introduce un componente de alta sensibilidad pública, dado el peso institucional de las figuras mencionadas. Como ocurre en este tipo de situaciones, corresponderá a las instancias competentes verificar la veracidad de las afirmaciones y determinar cualquier responsabilidad, si existiere.
Más allá del caso puntual, el episodio vuelve a poner bajo el foco una dinámica recurrente en zonas de fuerte expansión inmobiliaria: la coexistencia entre desarrollo turístico, valorización de la tierra y reclamaciones de propietarios. Punta Cana, epicentro de inversión y crecimiento urbano, no es ajena a este tipo de tensiones, donde los conflictos suelen trascender lo privado para adquirir relevancia social y económica.
El anuncio de un campamento permanente añade presión al escenario, al tratarse de una modalidad de protesta que tiende a atraer atención institucional, mediática y comunitaria. En destinos estratégicos para la economía nacional, este tipo de acciones suele tener efectos que van más allá del perímetro físico de la manifestación.
Las familias hicieron un llamado a las autoridades y a las entidades involucradas para que intervengan en la búsqueda de una salida que permita resolver el conflicto. Mientras tanto, el desarrollo de los acontecimientos mantiene abiertas interrogantes sobre la dimensión legal, económica y política de un caso que promete generar seguimiento.
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