Santo Domingo.– Durante la audiencia del caso Calamar celebrada este jueves, los abogados de la familia Reyes y de otros querellantes presentaron ante el tribunal un desistimiento en favor del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Los representantes legales explicaron que, tras escuchar en detalle la acusación del Ministerio Público, concluyeron que las pretensiones de la Procuraduría General de la República no benefician a sus clientes ni responden a sus intereses.
Asimismo, sostuvieron que las actuaciones realizadas por Hacienda bajo la gestión de Guerrero se ejecutaron conforme a la ley, con transparencia y en cumplimiento de mandatos judiciales.
“El Estado ya cumplió con gran parte del pago ordenado por las sentencias. Lo que resta ahora es liberar el 20 % pendiente, para que nuestros representados, muchos de ellos en edad avanzada y en condiciones de vulnerabilidad, reciban lo que les corresponde”, señaló el abogado Patricio Mañón.
El jurista denunció que el Ministerio Público busca que las parcelas en litigio sean declaradas en decomiso, lo que solo favorecería al Estado y dejaría desamparadas a las familias afectadas. Recordó que existen fallos firmes que obligan al Estado a pagar, y atribuyó el estancamiento del proceso a la oposición del procurador Wilson Camacho.
También criticó que, mientras algunas personas recibieron miles de millones de pesos y fueron beneficiadas con criterios de oportunidad, los verdaderos propietarios siguen sin recibir compensación y en muchos casos sobreviven en la miseria.
Por su parte, el abogado Julio César Ventura advirtió sobre la importancia de preservar la institucionalidad y el respeto a la Constitución. “Si el Estado ocupa bienes privados debe indemnizar a sus dueños. De lo contrario, no hay seguridad jurídica ni confianza para la inversión. Es una cuestión de justicia y de estabilidad económica”, apuntó.
Ventura reiteró su petición de que el tribunal ordene al Ministerio de Hacienda liberar los fondos restantes. “La Constitución, en su artículo 51, establece claramente la obligación de compensar a los propietarios. Se trata de cumplir con una deuda social y de poner fin al sufrimiento de estas familias”, concluyó.
El caso Calamar, que inicialmente fue presentado como un proceso por presunta corrupción en el pago de expropiaciones, ha tomado un giro con los reclamos de los herederos afectados, quienes insisten en que el Ministerio Público ha distorsionado el proceso al buscar el decomiso de terrenos en lugar de garantizar el derecho de propiedad y el pago de lo adeudado.
