BÁVARO, LA ALTAGRACIA.– Tras la suspensión temporal del proceso relacionado con COOPFVIESTE y un terreno de 14,016.15 metros cuadrados, registrado como dominio público, el presidente de la Sala Capitular de Verón–Punta Cana, Uridy Marte, informó a Bávaro Digital que se reforzará la estrategia legal para continuar la defensa de ese inmueble.
Marte, quien además encabeza la iniciativa de recuperación de estos terrenos, anunció la contratación de abogados externos con experiencia en casos complejos, como parte de las acciones para fortalecer los procesos jurídicos vinculados a la recuperación del patrimonio público.
El edil indicó que durante los últimos días se han realizado reuniones claves para revisar los procesos contenciosos en curso y definir las próximas acciones legales relacionadas con estos terrenos en Verón–Punta Cana.
Según explicó, los regidores aprobaron a unanimidad una resolución que autoriza la contratación de abogados, con el objetivo de fortalecer la defensa jurídica de los terrenos que la representación municipal considera pertenecientes al pueblo.
COOPFVIESTE y el terreno de 14 mil metros
Uno de los casos más recientes involucra a la Cooperativa Familiar de Viviendas y Servicios Múltiples del Este (COOPFVIESTE), relacionada con un inmueble de 14,016.15 metros cuadrados, matrícula 1000028340, cuyo expediente judicial establece derecho de propiedad a favor del Dominio Público desde el 14 de octubre de 2010.
La Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución núm. 360, mientras se conoce un recurso de reconsideración presentado por la cooperativa.
Suspensión es temporal y el proceso continúa
Sobre esa decisión, Marte explicó a Bávaro Digital que el referimiento detiene el proceso de manera momentánea, pero aclaró que esto no significa que el proceso haya concluido ni que el eventual desalojo haya quedado descartado.
“El proceso no ha terminado. Lo que sí sabemos es que esas tierras son del pueblo”, afirmó Marte.
La representación municipal sostiene que continuará utilizando las herramientas legales y constitucionales disponibles para defender el terreno y dar seguimiento a los procesos que se mantienen abiertos.
