Santo Domingo. – La Superintendencia de Seguros (SIS) inició formalmente este martes la consulta pública para revisar los límites mínimos de responsabilidad civil en vehículos de motor, en un acto realizado en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El encuentro contó con la participación de representantes de gremios de transporte, compañías y asociaciones del sector asegurador, así como juristas, académicos y ciudadanos, garantizando un espacio plural de diálogo, discusión e intercambio de ideas.
El superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, destacó que la actividad busca propiciar un proceso amplio, participativo y transparente, donde se escuchen distintas voces antes de tomar decisiones. “Preferimos priorizar la participación sobre la rapidez, pero sin dejar de actualizar las normas para proteger a la población”, afirmó.
Actualización necesaria para la protección social
El asesor técnico de la SIS, Miguel Villamán, explicó que la revisión de las tarifas del seguro obligatorio responde a una necesidad técnica y legal, debido al alto número de fallecidos en accidentes de tránsito en el país, situando a República Dominicana entre los líderes en la región. Señaló que el seguro obligatorio es un pilar de protección social, y que los límites actuales, establecidos hace más de 20 años, ya no cubren los costos médicos, reparaciones y compensaciones por fallecimientos.
Por su parte, Isaura Peñaló, directora jurídica de la SIS, informó que en la página web de la institución está disponible el proyecto de actualización y una encuesta ciudadana para recibir aportes y sugerencias.
Según el cronograma, el 25 de septiembre se realizará un segundo encuentro de verificación y aportes, y el 31 de octubre se entregará el documento final con las observaciones recibidas. La normativa actualizada entrará en vigencia el 9 de febrero de 2026.
Valentín Jiminián subrayó que el proceso se realiza cumpliendo estándares internacionales de buenas prácticas regulatorias, garantizando la legitimidad del marco normativo y colocando a la población en el centro de las decisiones.
La actividad concluyó con una ronda de preguntas y respuestas, donde los participantes expresaron sus opiniones, propuestas e inquietudes, reforzando el objetivo de mantener un diálogo abierto y participativo.
