En el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) se ordenó dar prioridad y se monitoreaba el saldo de las facturas que debían a la presunta estructura de soborno desmantelada por el Ministerio Público a través de la Operación Lobo.
Se describe además cómo en un restaurante del Distrito nacional se discutieron la forma y los montos que obtendría a cambio el coronel encargado de la seguridad de la institución.
De igual forma, la solicitud de medida de coerción a los militares y civiles descritos como integrantes de la red de corrupción habla de cómo se quitó un contrato para servicios de vigilancia en la entidad responsable de atender a niños y niñas en condición de vulnerabilidad a la empresa Horus VIP porque su dueño se negaba a pagar sobornos.
Los montos acordados por Inaipi
En la instancia se describe que luego de que el empresario Quilvio Rodríguez González, propietario de Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), se enterara en septiembre del 2022 de una licitación en el Inaipi, hizo contacto con el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, encargado de seguridad de esa dependencia, con la intención de hacer inteligencia comercial y asegurarse de cuáles eran las condiciones específicas que necesitaba la entidad y las particularidades del servicio.
Para ello, ofreció, en un primer momento 100 mil pesos pero fue rechazado por considerar que era insignificante pero luego, el monto aumentó a 200 mil y fue aceptado por el hoy imputado. “Fue el inicio de una gran operación que le aseguró a la estructura… ingentes cantidades de dinero”, refiere el documento judicial.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) asegura que después de que la empresa Senase resultara adjudicataria de la licitación, los imputados Quilvio Rodríguez, el primer teniente Wellington Peralta y el coronel Francisco Guarín Fernández se reunieron en un restaurante ubicado en La Esperilla, Distrito Nacional donde presuntamente definieron el monto y la modalidad de los sobornos a fin de proteger la ejecución del contrato adjudicado.
En la reunión en el restaurante, según la PEPCA, el coronel Francisco Fernández reclamó el pago de diez mil pesos por cada vigilante contratado, lo que representaría la suma de un millón 730 mil pesos mensuales. La solicitud “ocasionó un desacuerdo entre las partes”. l hogla enecia pérez
Senase acordó pagar entre 8 % y 7 %
Refiere que en una segunda ocasión se reunieron y ahí el coronel solicitó el pago de 10% del contrato. Eso igualmente fue rechazado por Quilvio Rodríguez por lo que llegaron a un acuerdo de que se le entregaría entre el 8 % o 7 % de cada factura que el Inaipi saldara a su empresa.
El conocimiento de la solicitud para imponer medida de coerción fue reenviado para este lunes 14 a las 2:00 de la tarde.
Fuente: El Caribe
