NASHVILLE, TENNESSEE – El Estado de Tennessee ejecutó este martes a Byron Black, de 69 años, mediante inyección letal, a pesar de las preocupaciones éticas y legales planteadas por sus abogados. Black, condenado a la pena capital por el triple asesinato de su novia y sus dos hijas en 1988, fue ejecutado en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend.
Los abogados de Black habían argumentado que su ejecución podía ser inusualmente dolorosa debido a un desfibrilador que tenía implantado en el corazón. Expertos médicos advirtieron que el dispositivo podría provocarle repetidas descargas eléctricas durante la inyección letal, lo que constituiría un «sufrimiento cruel e inusual» según la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
A pesar de los reclamos, el Tribunal Supremo de EE. UU. y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron las últimas peticiones de clemencia. El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, afirmó que un perito había «refutado la sugerencia de que Black sufriría un dolor severo».
La defensa de Black también había alegado que el reo padecía de demencia y discapacidad intelectual, lo que, según ellos, lo hacía inelegible para la pena de muerte. «Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. [Black] no es absolutamente una amenaza para nadie», declaró su abogada, Kelley Henry.
La ejecución de Byron Black es la 28ª en lo que va de año en EE. UU., superando la cifra total de 2024 y marcando un aumento significativo en la aplicación de la pena de muerte. Este caso resalta el debate ético en torno a la ejecución de prisioneros con condiciones médicas y discapacidad intelectual.
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