Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó una acusación penal formal contra varios miembros de una familia de la provincia La Altagracia, señalados de integrar una estructura criminal dedicada al secuestro, la extorsión, el soborno y el lavado de activos.
Los imputados fueron identificados como Ambiorix Vásquez Severino, Etefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Jhan Carlos Rivera Martínez, Tairi Vásquez Severino y Ruth Delanea Severino Santana, quienes, según la investigación, actuaron de manera coordinada para privar de libertad a sus víctimas, someterlas a torturas y exigir rescates millonarios.
De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba bajo una estructura organizada, con roles claramente definidos, orientada a obtener beneficios económicos mediante violencia, intimidación y engaño.
Secuestro con falsa identidad de agentes de la DNCD
Según el expediente, los acusados simularon ser agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para secuestrar a un hombre de 47 años en la comunidad La Otra Banda, en Higüey.
Portando indumentarias oficiales y armas largas, interceptaron a la víctima bajo la apariencia de un arresto y la trasladaron a un lugar oculto en la carretera de Miches, donde permaneció retenida durante cuatro días.
Durante el cautiverio, la red habría torturado a la víctima y exigido a sus familiares el pago de RD$20 millones como condición para su liberación.
Lavado de activos y tentativa de soborno
Las investigaciones, realizadas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a la Fiscalía de La Altagracia, con apoyo de la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público, establecieron que el dinero producto del secuestro fue destinado a la adquisición de vehículos de alta gama, prendas de alto valor económico y al manejo de grandes sumas de efectivo.
Parte de esos recursos habrían sido utilizados por Ruth Delanea Severino Santana, madre de los cabecillas, para intentar sobornar a miembros de la Policía Nacional, con el objetivo de obstaculizar el proceso judicial.
Severino Santana fue arrestada en flagrante delito cuando entregaba RD$400,000 en una estación de combustible de San Pedro de Macorís, presuntamente para eliminar evidencias vinculadas al caso.
Expediente con pruebas sólidas
La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y la fiscal de La Altagracia, Claudia Garrido, afirmaron que la acusación cumple con todos los requisitos legales para sustentar una sentencia condenatoria.
Indicaron que el proceso está respaldado por pruebas documentales, testimonios coherentes, peritajes técnicos y una cadena de custodia debidamente preservada, conforme a la normativa procesal penal dominicana.
Asimismo, los fiscales Claudio Cordero y Surielly Guerrero destacaron la consistencia de los testimonios y la existencia de indicios suficientes que comprometen de forma conjunta a los imputados.
El Ministerio Público informó que se encuentra a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia fije la audiencia preliminar para el conocimiento del caso.
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