Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió este jueves al personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y a empresarios sobre las consecuencias legales que enfrentarán quienes se involucren en actos de contrabando o corrupción en puertos y aeropuertos, de acuerdo con las disposiciones del nuevo Código Penal y la Ley de Compras y Contrataciones, que entrarán en vigor en menos de un año.
Durante una conferencia realizada en la sede de la DGA, Reynoso explicó que tanto funcionarios públicos como actores del sector privado se exponen a sanciones más severas si participan en actividades ilícitas.
“Decir no ante una propuesta indecorosa puede salvar su reputación y evitar procesos judiciales”, expresó la procuradora al dirigirse a los presentes.
Énfasis en la ética y la responsabilidad
Reynoso destacó que la corrupción y el contrabando son delitos que afectan directamente al patrimonio del Estado y al desarrollo nacional. No obstante, aclaró que quienes actúen con ética y responsabilidad no deben temer a las sanciones.
“La norma es más estricta, pero quien obra conforme a la ley no tiene nada que temer”, afirmó, al señalar que la reforma también busca fortalecer la transparencia y prevenir malas prácticas en la administración pública.
Alineados con estándares internacionales
La procuradora reiteró que el propósito de la actualización legal es colocar a la República Dominicana en sintonía con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes usen sus cargos o empresas en perjuicio del Estado.
