Abrisa, cuyo presidente es Abraham Hazoury, que encamina la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB S.A.S, asegura que Punta Cana se pasó cerca de 18 años operando y sucesivamente cobrando tarifas a las líneas aéreas y a los pasajeros, con un certificado de nacimiento sustentado en un oficio de no objeción. “Y ahora resulta que la conformidad y no objeción unánime que otorgó institucionalmente la Comisión Aeroportuaria a nuestro proyecto, seguida de una rigurosa validación de la autoridad aeronáutica, de un decreto del Presidente de la República, y de un contrato formalizado en los mismos términos y condiciones que los demás aeropuertos privados, es un ilícito penal. Fundamento irrisorio que ha servido como excusa para someter y deshonrar a todos sus miembros, varios de los cuales levantaron sus manos durante décadas para apoyar la mayoría de los proyectos sobre los cuales descansa hoy la bonanza económica de ese grupo. Y en ese lapso, no eran corruptos. ¡Qué ironía!”, indica a Abrisa, a través de un comunicado publicado en espacio pagado en diversos medios de comunicación.
Sostuvo que “es penoso que personas con trayectoria e integridad reconocidas hayan sido sacrificadas en su honor y frente a sus familias por aquellos que han autorizado una irresponsable denuncia de corrupción, carente de seriedad jurídica, con el tema de la construcción del nuevo aeropuerto autorizado por el Poder Ejecutivo por decreto”.
Abrisa indica que a partir de la aprobación de ese decreto, para que se pueda construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro, se han publicado una serie de desinformaciones encaminadas a desacreditar públicamente la iniciativa, con la obvia intención de crear una percepción pública negativa sobre su proyecto.
