Higüey, La Altagracia.— El proceso judicial por la muerte del ciudadano haitiano Yepisan Papi, de 39 años, durante un operativo migratorio en el sector Kosovo, de Friusa, dio un nuevo giro este lunes, luego de que el Tribunal de Atención Permanente de La Altagracia rechazara la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público y ordenara que el imputado continúe el proceso en libertad bajo medidas de coerción.
El beneficiado con la decisión es David Antonio Mejía Laureano, identificado como teniente coronel de la Dirección General de Migración (DGM), quien enfrenta una investigación por el disparo que provocó la muerte del extranjero durante un operativo de interdicción migratoria realizado en varias pensiones del populoso sector Kosovo.
En lugar de prisión preventiva, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$100,000, impedimento de salida del país y presentación periódica durante seis meses, debiendo comparecer ante las autoridades el día 30 de cada mes mientras avanza el proceso judicial.
El Ministerio Público insistía en prisión preventiva
Durante la audiencia, los fiscales sostuvieron que existían elementos suficientes para imponer la medida más gravosa, argumentando la seriedad de los hechos investigados. Sin embargo, el juez entendió que el proceso podía continuar bajo medidas menos restrictivas, una decisión que ahora marca el rumbo inicial del caso.
La versión del agente
De acuerdo con el expediente, el incidente ocurrió mientras brigadas de Migración, apoyadas por miembros de las Fuerzas Armadas, realizaban un operativo para detener a extranjeros en condición migratoria irregular.
Según la declaración ofrecida por el imputado, Yepisan Papi habría intentado escapar y posteriormente lo habría atacado con un machete, provocándole una herida en una mano y una laceración en la otra. El oficial sostiene que, ante esa situación, utilizó su arma de reglamento para repeler la presunta agresión.
Las evidencias levantadas
Como parte de las diligencias, técnicos de la Policía Científica recolectaron en la escena un casquillo calibre .40 y dos sandalias negras. Además, un miembro de las Fuerzas Armadas entregó voluntariamente un machete que, de acuerdo con las investigaciones, sería el arma utilizada durante el incidente.
Estas evidencias forman parte del expediente que analiza el Ministerio Público, el cual busca determinar si el uso de la fuerza fue proporcional y si existen responsabilidades penales derivadas de lo ocurrido.
Un caso que sigue bajo investigación
Aunque el tribunal ya decidió la medida de coerción, el proceso apenas comienza. Las autoridades continúan recopilando testimonios, informes periciales y demás pruebas para reconstruir con precisión lo sucedido durante el operativo en Friusa, un hecho que generó amplia atención por producirse en medio de los operativos migratorios que se desarrollan en la zona turística de Verón-Punta Cana.
Será en las próximas etapas del proceso cuando el Ministerio Público presente la totalidad de las evidencias y se determine si el agente deberá enfrentar un juicio por la muerte del ciudadano haitiano.
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