HIGÜEY, La Altagracia.– El juicio de fondo contra los imputados por la presunta estafa inmobiliaria del proyecto Punta Cana Macao fue aplazado nuevamente, luego de que la defensa de los acusados presentara varios incidentes procesales durante la audiencia.
El proceso judicial gira en torno al proyecto Punta Cana Macao, desarrollado por la Constructora Espinal Gautreaux y otras empresas vinculadas, el cual, según las denuncias, habría comercializado alrededor de 1,200 unidades habitacionales, entre villas, apartamentos y locales comerciales, sin que las obras llegaran a materializarse.
De acuerdo con el expediente, las propiedades habrían sido vendidas mediante una estructura empresarial que manejaba por separado los contratos y los pagos, mientras se utilizaba la imagen de una fiduciaria para generar confianza entre los compradores, pese a que el fideicomiso presuntamente nunca fue formalizado.
Las querellas sostienen que más de 1,400 inversionistas, tanto dominicanos como extranjeros, resultaron afectados tras invertir en un proyecto que nunca fue construido. Además, se denuncian promesas incumplidas, venta múltiple de terrenos, conflictos sobre la propiedad de los solares y un movimiento bancario que, según el expediente, superaría los US$10 millones.
«Perdí más de US$350 mil»
A las afueras del Palacio de Justicia de Higüey, el inversionista español Manuel Pasquín, quien figura entre las presuntas víctimas, aseguró que invirtió en el proyecto con la esperanza de adquirir dos apartamentos, pero terminó perdiendo más de US$350,000.
«Compré dos apartamentos en 2020 y nunca construyeron absolutamente nada. Fui estafado con más de 350 mil dólares», expresó.
Pasquín también denunció que los mismos terrenos donde se levantaría el proyecto estarían siendo promovidos nuevamente bajo el nombre de «Coconut», señalando que se trataría de una nueva comercialización sobre los mismos predios.
Defensa de las víctimas denuncia maniobras para retrasar el proceso
El abogado Alan Ramírez, representante legal de varias de las presuntas víctimas, explicó que el aplazamiento responde a nuevas incidencias presentadas por la defensa de los imputados.
Según indicó, durante el proceso se han registrado recusaciones de jueces, cambios constantes de abogados y otras solicitudes que, a su juicio, han provocado múltiples retrasos en el conocimiento del caso.
Ramírez afirmó que algunos acusados permanecen en rebeldía, mientras otro continúa privado de libertad al no poder cubrir una garantía económica de RD$15 millones, además de haber sido condenado previamente en otro proceso relacionado con una de las víctimas.
La próxima audiencia fue fijada para el 3 de agosto, fecha en la que las víctimas esperan que finalmente inicie el conocimiento del juicio de fondo.
Piden mayor supervisión del sector inmobiliario
Los representantes legales de los querellantes también solicitaron una mayor intervención de las autoridades, al considerar preocupante que continúen promocionándose proyectos inmobiliarios presuntamente vinculados a los mismos responsables.
En ese sentido, hicieron un llamado al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), a los ayuntamientos y demás instituciones competentes para reforzar los controles sobre los desarrollos inmobiliarios y evitar que nuevos inversionistas sean víctimas de presuntos fraudes.
Las víctimas sostienen que este proceso se ha convertido en un caso emblemático sobre la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia en el mercado inmobiliario de la República Dominicana.
Crédito: El Nuevo Diario.
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