Verón-Punta Cana.- Las autoridades del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana denunciaron hoy públicamente lo que califican como una “arbitrariedad administrativa” por parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), al negarse éste a reconocer la Oficina de Planeamiento Urbano creada legalmente en ese territorio, conforme a lo dispuesto por la Ley 368-22.
La oficina, establecida como parte del mandato constitucional y legal que rige a los distritos municipales, comenzó a evaluar y autorizar proyectos y edificaciones dentro del distrito, en cumplimiento del artículo 199 de la Constitución. No obstante, el MIVED se ha rehusado ilegalmente a recibir los expedientes remitidos por dicha oficina, provocando serios retrasos en las obras, afectaciones económicas al distrito y trastornos a la comunidad, según se refiere en documento de prensa.
En una rueda de prensa encabezada por el director distrital Ramón Ramírez ‘Manolito’, acompañado de los vocales de la Junta Municipal, se informó que se ha intimado formalmente al Ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, mediante el Acto de Alguacil No. 711/2025, exigiendo el respeto a la Ley 368-22, particularmente su artículo 24, que establece como único requisito para la creación de oficinas de planeamiento urbano que el territorio tenga al menos 15 mil habitantes. Verón supera con creces esa cifra, al contar con más de 135 mil residentes y una actividad económica superior a la de muchas provincias del país.
«Verón representa el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cuenta con más de 65 mil habitaciones hoteleras, más de 110 hoteles y alberga el aeropuerto más activo del país, que recibe más del 60% de los visitantes internacionales», destacaron las autoridades.
La Junta Municipal de Verón acusa al MIVED de actuar en complicidad con el municipio de Higüey para arrebatarle competencias territoriales y administrativas que le corresponden exclusivamente por ley. Según lo expresado por los representantes municipales, esta actuación constituye una incursión indebida del Poder Ejecutivo en la autonomía municipal, violando el artículo 148 de la Constitución y el artículo 57 de la Ley 107-13, lo que podría derivar en responsabilidades patrimoniales.
“El presidente puede asignar subsidios especiales a Higüey si lo considera necesario, pero no puede transferir arbitrariamente recursos ni competencias de Verón a ese municipio”, enfatizó Ramírez.
Ante esta situación, la Junta Municipal ha contratado al abogado Ángel Lockward para representar legalmente al distrito y reclamar los daños ocasionados por lo que califican como un acto de mala administración.
Las autoridades locales cuestionaron además el compromiso del Gobierno con el respeto a las leyes que él mismo ha promovido. “¿De qué vale la ley si el propio Gobierno la desconoce una vez aprobada?”, concluyó el comunicado.
La Junta Municipal de Verón reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que defenderá por todas las vías legales su derecho a planificar y gestionar su territorio conforme a la ley y en beneficio de su población.
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