MONTECRISTI. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) clausuraron una estación de combustibles en el municipio de Castañuelas, luego de detectar la comercialización de gasolina premium de baja calidad.
La medida fue tomada después de que análisis realizados en laboratorio confirmaran que el combustible presentaba un octanaje inferior al mínimo permitido por las normas vigentes.
La clausura se produjo durante un operativo de inspección técnica, en el que las autoridades recolectaron muestras de combustible para verificar la calidad del producto expendido en la estación.
Tras confirmarse la irregularidad, las instituciones procedieron a la suspensión inmediata de las operaciones y levantaron las actas correspondientes para los fines legales
Las autoridades explicaron que vender combustible fuera de los estándares representa un riesgo para los consumidores y puede provocar daños en los vehículos.
Indicaron además que este tipo de acciones busca evitar la circulación de combustibles adulterados o productos que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por la ley.
El MICM y el CECCOM reiteraron su compromiso con la protección de los consumidores, la seguridad del mercado y el fortalecimiento de la supervisión del sector de combustibles.
Ambas entidades recordaron que trabajan bajo la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, normativa que permite sancionar irregularidades relacionadas con la comercialización de combustibles, alcohol, medicamentos y otros productos regulados.
Las autoridades señalaron que en los últimos años han intensificado los operativos de inspección y fiscalización en distintas provincias del país para detectar estaciones de servicio que incumplen las normas.
Estos controles incluyen análisis de laboratorio, auditorías técnicas, inspecciones sorpresa y medidas como el cierre temporal o definitivo de establecimientos que incurran en prácticas irregulares.
Según explicaron, el objetivo es proteger la seguridad de los consumidores, garantizar la venta de combustibles de calidad y fortalecer el control sobre un sector considerado de alto impacto económico y social.
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