La intención de los senadores de aplicar la propina obligatoria del 10 % a los servicios de delivery ha generado un conflicto legal, ya que contradice un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitido hace cuatro años. Esta medida fue incluida en el proyecto de reforma laboral aprobado recientemente en primera lectura en la Cámara Alta.
En 2021, la Tercera Sala de la SCJ determinó que la propina legal del 10 % solo aplica cuando los alimentos o bebidas se consumen dentro del establecimiento. A pesar de ello, los legisladores extendieron este cobro a los pedidos a domicilio o para llevar, que es responsabilidad de los comercios.
La sentencia
La sentencia 033-2021-SSEN-00765 resolvió un recurso de casación presentado por la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (Asonahores) contra una advertencia de Pro Consumidor. La recomendación indicaba que no se debía cobrar la propina legal del 10 % si los alimentos no se consumen en el local.
Los jueces Manuel Herrera Carbuccia, Rafael Vásquez y Nancy Salcedo concluyeron que la propina obligatoria no puede añadirse a facturas de pedidos consumidos fuera del establecimiento. Según la sentencia, “no importa si los productos los lleva un empleado del negocio o un tercero contratado; el Código de Trabajo establece que la propina del 10 % solo corresponde cuando el cliente consume en el local”.
Modificación del artículo
Al aprobarse la reforma laboral en primera lectura, el Senado ignoró esta jurisprudencia y aceptó una propuesta de Asonahores para modificar el artículo 228 del Código de Trabajo, estableciendo que la propina legal se pague “sin importar el canal de venta utilizado”.
El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, confirmó que la entidad promovió la iniciativa en el Senado, argumentando que las gratificaciones económicas no deben limitarse a los repartidores que entregan los pedidos.
