Verón-Punta Cana, La Altagracia.– Comunitarios de El Salado expresaron su rechazo al proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), al considerar que la propuesta pretende clasificar cerca del 98 % de sus terrenos como área agropecuaria y forestal no urbanizable, lo que, según denuncian, limitaría el desarrollo de la comunidad y afectaría a miles de familias con títulos de propiedad.
Los residentes sostienen que el alcalde del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, respaldan decisiones que, a su juicio, atentan contra el crecimiento de El Salado y de otras zonas cercanas, al impedir que los propietarios desarrollen y aprovechen sus terrenos en una de las principales áreas de expansión de Bávaro.
De acuerdo con los comunitarios, la clasificación propuesta no refleja la realidad del terreno, ya que aseguran que gran parte de la zona está compuesta por rocas y peñones, condiciones que, según explican, la hacen poco apta para actividades agrícolas.
Asimismo, afirman que la presencia de plantas tóxicas y las prolongadas sequías, que aseguran ya superan los cuatro meses sin lluvias, dificultan tanto la agricultura como la crianza de animales, por lo que consideran inviable destinar esos terrenos principalmente a actividades agropecuarias.
Los residentes defienden que El Salado tiene vocación para el desarrollo inmobiliario, turístico y de inversión, debido a su ubicación estratégica y a la expansión de importantes proyectos en sus alrededores. En ese sentido, advierten que las restricciones contempladas en el plan impedirían a miles de propietarios aprovechar el potencial de sus tierras.
Además, algunos comunitarios sostienen que detrás de la iniciativa existirían intereses para frenar el crecimiento de la comunidad y, según denuncian, afectar el desarrollo del proyecto que consideran más ambicioso de la zona: el Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Durante el encuentro, Don Ramón, uno de los comunitarios, manifestó que “no pueden decidir por lo nuestro”, insistiendo en que las familias de El Salado defenderán sus derechos por las vías legales y sociales y que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe contar con la participación de quienes han vivido allí durante generaciones.
Finalmente, los comunitarios hicieron un llamado a la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, para que conozca la situación que, según denuncian, enfrentan miles de familias de El Salado y observe de primera mano el proceso, con el objetivo de que se garantice el respeto a sus derechos y la transparencia.
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